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Falacias fiscales

JORGE GEBHARDT Director Departamento Impuestos de Aguirre Saravia & Gebhardt

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El Gobierno quitó las retenciones a las mineras y aumentó el impuesto a los asalariados, es uno de los significativos errores que se escuchan a diario. Desde 1993 rige un régimen de promoción minera que tuvo por virtud diversificar la economía, pasando a ser la Argentina, en pocos años, exportador de minerales y sus derivados (oro, plata, cobre, entre otros, debiendo destacarse que poseemos una de las reservas más importante en litio). Con anterioridad, era sólo un país marginal en minería.

Como es sabido, el negocio minero es de lenta maduración, por ello la ley 24196 estableció un régimen de estabilidad fiscal por 30 años, que es muy común en los países mineros debido a las razones apuntadas anteriormente. Esa estabilidad fiscal explícitamente establece la prohibición de aplicar retenciones a las exportaciones. Pese a la claridad de la norma, el Gobierno anterior impuso derechos de exportación a las empresas mineras.

Dicha decisión es obviamente ilegal, habiéndose planteado objeciones que tramitan ante la Justicia. Además desde hace unos dos años, se percibe una fuerte caída en el precio de los minerales a nivel mundial. Estos proyectos de largo plazo requieren indudablemente de la mentada estabilidad fiscal, por lo tanto cabe concluir en lo acertado de eliminar las citadas retenciones dado que simplemente, desde el punto de vista jurídico, el tratamiento opuesto no cumple con el requisito de legalidad.

El impuesto al enriquecimiento patrimonial a título gratuito establecido por la provincia de Buenos Aires en vigencia desde 2011 refuerza la equidad y la progresividad del sistema tributario.

No obstante, podemos señalar una serie de ilegalidades que son propias de la norma por la cual se creó este gravamen: la Ley de Coparticipación federal permitiría sólo un impuesto al ‘caudal relicto’ y no sobre las ‘hijuelas’. El tributo es del segundo tipo dado que recae sobre el haber transmitido a cada heredero por lo cual no se halla conforme con la referida legislación; cuando se pretende aplicar sobre el enriquecimiento que obtiene una persona jurídica, también se viola el régimen de coparticipación, dado que esta norma solo permite a la Nación cobrar el impuesto a las ganancias, por lo que el impuesto provincial se superpone con el nacional, prohibido por el régimen citado; pretende gravar bienes fuera de la provincia de Buenos Aires, no sólo en las demás provincias sino en el exterior.

Al respecto existe jurisprudencia que impediría a la provincia el cobro sobre dichas bases; intenta apropiarse de recaudación resignada por la Nación que exime del impuesto sobre los bienes personales a los depósitos en bancos del país y a los títulos públicos por lo que no puede la provincia imponer tributos sobre ellos; podría ser confiscatorio si sumamos la gravabilidad anual a nivel nacional con el impuesto sobre los bienes personales, al que deben añadirse los gravámenes que la misma provincia cobra sobre los inmuebles y automotores, naves y aeronaves. Los motivos apuntados son suficientes para solicitar la derogación lisa y llana del tributo.

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