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Falacias fiscales

JORGE GEBHARDT Director del Dpto de Impuestos de Aguirre Saravia & Gebhardt

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Desde la asunción del nuevo Gobierno, prácticamente todos los días escuchamos o leemos una serie de comentarios formulados por políticos y parte del periodismo presuntamente especializado que significan cuanto menos la existencia de serios errores técnicos en el abordaje de temas fiscales.

La rebaja de algunos tributos se compensará con un impuesto a la renta financiera: desde setiembre de 2013 se modificó la ley del impuesto a las ganancias para incorporar la gravabilidad de los dividendos y la venta de acciones. Dicha reforma fue propiciada por un partido político que estaba y continúa estando en la ‘oposición’. El Gobierno anterior utilizó dicha sugerencia para compensar la pérdida de recaudación que habría significado la actualización del ‘mínimo no imponible’.

Esta reforma significa hoy: a) que la tasa de impuesto que paga el accionista es del 41,5% (por el juego armónico del impuesto societario del 35% y la aplicación de un adicional al accionista del 10%) y significó dos graves problemas: que la alícuota aludida es una de las mayores de Sudamérica, dejando a Argentina fuera de la competencia en la atracción de inversiones y un castigo para el accionista al comparar la tributación relativa con la de un individuo propietario de inmuebles o dedicado a prestar dinero a terceros, quien como máximo tributa el 35%; b) que la venta de acciones por personas físicas, que no cotizan en bolsa queda gravada al 15% sobre la diferencia entre el precio de venta y el costo, sin actualizar.

En ambos casos, los que propiciaron y aprobaron la reforma olvidaron que el impuesto ya había sido pagado en cabeza de la entidad emisora, al 35% de las utilidades obtenidas sin ajustar por inflación. Urge derogar esta reforma por las graves distorsiones provocadas.

El Gobierno rebaja los impuestos al campo y grava a los trabajadores: los derechos de exportación, o ‘retenciones’, pueden ser cobrados por la Nación en función de la autorización constitucional del art. 4. Sin embargo, estos tributos prácticamente no se utilizan en el mundo, salvo la excepción de Rusia sobre las exportaciones de gas y petróleo.

En realidad, el anterior Gobierno bajo el argumento de proteger la ‘canasta familiar’ aplicó las retenciones para castigar al campo, favorecer la dudosa eficiente producción industrial argentina (el caso de Tierra del Fuego es paradigmático) y hacerse de una ‘caja’ con la cual salvo una porción (Fondo Sojero) premiar o castigar a determinadas provincias.

Con respecto a la mayor gravabilidad de los trabajadores con el impuesto a las ganancias, debe recordarse que es prerrogativa del Congreso la actualización de la escala de alícuotas, congelada desde 2000. Por ley del año 2011, el Congreso delegó impropiamente en el Poder Ejecutivo la posibilidad de ajustar el ‘mínimo no imponible’. Los decretos sancionados desde 2013 consagraron una grave distorsión. El decreto de febrero pasado está basado en la misma norma jurídica. Es menester derogar la ley 26731 y que el Congreso reasuma plenamente su natural potestad frente a las normas tributarias.

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