Lunes  18 de Diciembre de 2017

¿Estas reformas estructurales apuntan al desarrollo?

¿Estas reformas estructurales apuntan al desarrollo?

GUILLERMO SCHEWEINHEIM Experto en Desarrollo y Profesor en UBA/Unsam

El reformismo permanente parece haber dado resultados. Los pactos fiscales y tributarios han dejado relativamente satisfechos a casi todas las partes. Algunas viejas cuestiones irresueltas como la situación de la provincia de Buenos Aires, la adopción de reglas de responsabilidad fiscal, la rebaja de impuestos provinciales distorsivos o gravar la renta financiera empiezan a encontrar un camino de consenso.

Sobre este gradualismo, que el gobierno nacional promueve, pesan sombras que todos conocemos: el persistente agujero fiscal, un constante aumento de los endeudamientos de la Nación y las provincias, un descomunal déficit cuasi fiscal a partir de la emisión de Lebacs por el Banco Central, un constante desequilibrio comercial y financiero externo, una apuesta a futuras inversiones extranjeras directas que no llegan, un financiamiento poco claro de la inversión mediante mecanismos de participación público privada que han fracasado en toda América Latina.

El Gobierno apuesta a que gradualmente despunte el crecimiento económico, el empleo y una recaudación fiscal con menos impuestos distorsivos. La esperanza parece ser que en el mediano plazo se encontrará un equilibrio.

Esta apuesta, poco convincente aunque se hayan destrabado en el buen sentido cuestiones fiscales difíciles de comenzar a encarar, es apenas un salir del paso.

No se encara el problema principal: Argentina no cuenta con un Proyecto de Desarrollo, donde el Estado Nacional, los Provinciales y Municipales orienten su gasto público y su inversión para acelerar el progreso argentino.

De nada servirán reglas fiscales sin un Proyecto Nacional y sin un diseño del aparato estatal y su administración pública para la Promoción del Desarrollo.

El desarrollo es un proceso políticamente orientado de crecimiento económico, sostenido por la acumulación de capital para ampliar la capacidad productiva y de bienes y servicios para el mercado interno, regional e internacional y por la innovación tecnológica en los procesos productivos y sociales, que permitan el progreso individual y colectivo, especialmente de los grupos y regiones más desfavorecidos.

El desarrollo supone que el Estado apueste por nuestras capacidades industriales, científicas, tecnológicas y de innovación y nuestras ventajas competitivas: biotecnología para la salud humana y la producción de alimentos, energía atómica y otras energías alternativas, sorprendentes jóvenes empresas argentinas de tecnología entre las principales de Latinoamérica, tecnología de vectores y satélites.

También, cierta capacidad industrial en condiciones de adaptarse al cambio tecnológico. Y, por cierto, una masa de capital intelectual y humano que se está en condiciones de proteger y expandir.

Se trata de encarar un proyecto colectivo entre Estado, empresa, sindicalismo y sociedad civil para realizar de modo coordinado múltiples inversiones de capitales de todo tipo y aprovechar para los argentinos la fenomenal transformación tecnológica que está viviendo la humanidad. Por ello, el Estado y sus políticas públicas son condición fundamental para que a través de su acción se tengan grandes objetivos nacionales de progreso e integración territorial, económica y social.

El gobierno del Presidente Mauricio Macri no parece estar convencido de estos principios.

Quizás sea hora que los gobiernos provinciales propongan y exijan un Proyecto Nacional, con los aparatos estatales como ejes conductores. Podrían generarse palancas: un presupuesto nacional más orientado por resultados y con intervención activa de los representantes provinciales, un INDEC más federal, revitalizar el Consejo Federal de Inversiones como instrumento financiero y técnico de un Plan Federal y Nacional y la coordinación y trabajo conjunto de las agencias nacionales y provinciales de promoción industrial, científico técnicas y de actividades competitivas de alto valor.

Las reformas de nada sirven si solo tienen una orientación fiscal. El Estado y la Administración Pública deben rediseñarse para que puedan ser el conductor y el coordinador colectivo del desarrollo. Pareciera ser ahora el turno de los gobiernos provinciales y de una oposición justicialista renovada. Hay un vacío en la propuesta. Y merece ser llenado.

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