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Es hora de traspasar la justicia nacional a la Ciudad

JORGE R. ENRÍQUEZ Subsecretario de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires

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Es hora de traspasar la justicia nacional a la Ciudad

A más de 22 años de la reforma constitucional de 1994, resulta inadmisible que todavía no se hayan concretado totalmente los efectos de la autonomía otorgada a la Ciudad de Buenos Aires, entre los cuales se destaca la transferencia de la justicia nacional a la órbita del Estado porteño.

Pero esta transferencia todavía suscita resistencias. Para algunos, por no ser la Ciudad propiamente una provincia, no tiene necesariamente que contar con una justicia local, bastando con que tenga facultades limitadas, lo cual significaría una descalificación de la justicia porteña, que es considerada de excelencia.

Otros sostienen que el traspaso implicará una reducción de los derechos que actualmente tienen los magistrados, funcionarios y empleados judiciales que serán transferidos.

Con relación a la primera de esas objeciones, la doctrina constitucional mayoritaria considera que la autonomía otorgada a la Ciudad en el artículo 129 de la Constitución Nacional (CN) es amplia, idéntica o análoga a la de los Estados provinciales.

No hay que olvidar que el constituyente reformador insertó el artículo 129 en el Título II de la CN, sobre ‘Gobiernos de Provincia‘: es un indicio sólido sobre el status institucional al que la Ciudad fue asociada (‘gobierno de Provincia‘). Por lo demás, la tesis de la autonomía institucional y política amplia no sólo surge de la letra y la ubicación del artículo 129, sino de del análisis pormenorizado de la CN, que evidencia que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es un mero municipio más, ni siquiera un municipio jerarquizado. En efecto, posee, como los ‘Gobiernos de Provincia‘, representación en la Cámara de Diputados y en el Senado (arts. 45 y 54, CN); puede ser pasible de intervención federal (arts. 75, inc. 31, y 99, inc. 20, CN); es beneficiaria de la coparticipación federal de impuestos (art. 75, inc. 2´], CN), entre otros puntos.

La autonomía amplia fue respaldada en el fallo ‘Corrales‘, dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diciembre de 2015. En ese pronunciamiento, se sostiene que la CN solo prevé dos órdenes judiciales: el local o provincial, que es la regla, y el federal, que es la excepción. La denominada ‘justicia nacional‘ no está contemplada en la CN es una creación legislativa derivada de la capitalización de la Ciudad de Buenos Aires (dispuesta, también, por ley). Se trata de la misma justicia ordinaria que rige en todas las provincias, pero ubicada en el ámbito de la Nación desde que la Ciudad dejó de pertenecer a la provincia de Buenos Aires. De hecho, se llamó hasta mediados del siglo XX "justicia de la Capital Federal" y no "nacional", nombre que es fuente de equívocos.

Dice la Corte en el fallo citado: "Que en atención a que la Constitución federal le reconoce a la Ciudad de Buenos Aires su autonomía no puede sino concluirse que el carácter nacional de los tribunales ordinarios de la Capital Federal es meramente transitorio y su continuidad se encuentra supeditada a que tengan lugar los convenios de transferencias de competencias antes aludidos. En efecto, si bien el carácter nacional de los tribunales de la Capital Federal pudo tener sustento en el particular status que esta tenía con anterioridad a la reforma constitucional de 1994, lo cierto es que, producida esa modificación fundamental, las competencias que actualmente ejerce la justicia nacional ordinaria que, vale reiterar, no son federales, deben ser transferidas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De esta forma, al igual que ocurre en las jurisdicciones provinciales, estos asuntos deben ser resueltos por la justicia local".

La justicia ‘nacional‘ es, entonces, sustancialmente local. Ningún interés federal hay, por ejemplo, en la tramitación de un divorcio o en un procedimiento de desalojo, o en la persecución de cualquier delito común. Consagrada la autonomía porteña por la CN e incluyendo tal autonomía las facultades de orden jurisdiccional, nada justifica mantener un tercer estamento judicial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya única razón de ser fue la circunstancia histórica antes señalada.

Pero lo más importante es que la transferencia mejorará la calidad del servicio de justicia que se presta a los porteños. No solamente el diseño judicial es más avanzado, ágil y eficaz en el ámbito local, sino que hoy, en el ámbito de la justicia nacional, los ciudadanos se encuentran, ante simples cuestiones que afectan su convivencia, atrapados en una madeja de diversas jurisdicciones y sistemas procesales que dificultan su acceso a la justicia y les quitan incentivos para defender adecuadamente sus derechos. Según datos de la oficina de Estadísticas del Consejo de la Magistratura de la Ciudad (2015), la duración promedio de las causas finalizadas fue de 131 días. Ello, frente al promedio de duración de las causas en los tribunales nacionales, que alguna vez fue contabilizado en tres años y medio (Adrián Marchisio, Oficina de Investigación y Estadísticas Político Criminales de la Procuración General de la Nación, 2004). Esto no debe entenderse como una comparación de recursos humanos –que en ambos casos son de excelente nivel–, sino como una evidencia sobre la diferencia de resultados que asegura la disponibilidad de modernos recursos materiales y tecnológicos (edificios funcionales y digitalización de las actuaciones, entre otros), que la Ciudad está en condiciones de asegurar.

Los magistrados y funcionarios de la hoy llamada justicia nacional conservarán la intangibilidad de sus remuneraciones, la antigüedad, la obra social y sus derechos previsionales, porque así se dispondrá en los convenios que se suscriban entre la Nación y la Ciudad.

Nada hay que temer de un proceso que es consecuencia de la puesta en ejecución del mandato constitucional de dotar a la Ciudad de un gobierno autónomo, con facultades propias de jurisdicción (art. 129 CN). Incluso la independencia judicial de los magistrados transferidos presenta un escenario más amigable, entre otros motivos, porque la Constitución de la Ciudad ha regulado de manera más estricta la conformación del Consejo de la Magistratura que la CN, lo que brinda mayor seguridad jurídica, toda vez que la composición de ese órgano surge de la propia Constitución y no está a merced de los vaivenes de las leyes que responden a cambiantes mayorías circunstanciales.

Este traspaso se desarrollará en beneficio de todos los involucrados, pero especialmente a favor de los justiciables, que desde 1994 vienen manifestando su deseo de avanzar. Por ello, cambiemos.