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Endeudamiento productivo

La vuelta al endeudamiento como concepto no es perjudicial para el país, al contrario puede ser un camino necesario para crecer. Tomar deuda resulta un instrumento válido para financiar proyectos productivos y obras públicas, claves para el desarrollo de la Argentina. Sin embargo, siempre hay un ‘pero’ y esta vez es muy preocupante para las pymes esa conjunción adversativa, porque la historia reciente de la Ciudad de Buenos Aires y la reciente toma de deuda por parte de la provincia de Buenos Aires muestra que esos fondos fueron destinados a beneficiar a grupos concentrados y no a fortalecer la producción. Por ello, el sector pyme está en alerta porque todo indica una transferencia de recursos que resignará el Estado para cumplir el con fallo de Thomas Griesa, un juez municipal de Nueva York.

Desde la CEEN, creemos que el Congreso de la Nación no debe votar a favor de la derogación de la Ley Cerrojo y la Ley de Pago Soberano, ya que las condiciones de pago a los fondos buitres implica un altísimo costo para el país, al abrirle las puertas a un juego financiero que ya fracasó en otras épocas no tan lejanas: Tomar deuda para pagar deuda, incluso, pagar intereses de deudas o hacer frente a los gastos corrientes. Fueron ensanchamientos de deudas que dejaron un lastre social y económico. Desde esa perspectiva, el acuerdo es una clara malversación de fondos públicos.

A ello se suma que en 2015 los buitres llevaron al juzgado de Griesa una propuesta con una quita del 30% sobre el monto de los intereses punitorios del fallo y aceptar bonos. Y hoy, el Gobierno -apremiado por la desfinanciación que se provocó (devaluación, quita de retenciones a las exportaciones, incluso a las mineras)- ofrece pagar en efectivo u$s 6500 millones, así el descuento será apenas del 25%. Es decir, ofrecen pagar más de lo que los propios holdouts habían pedido. Con los bonistas italianos se repite la historia, pagan más que lo reclamando, ofreciendo pagos sobre fallos que no están firmes.

La derogación de esas leyes implica asumir el pago de una suma que podría ascender a unos u$s 20.000 millones a fondos buitre y otros acreedores no declarados aún, que quedaron fuera de los canjes. Sin olvidar la gran preocupación de que la derogación de la Ley Cerrojo pueda provocar una reacción en cadena que termine con todas las deudas ya reestructuradas. Por ello, es necesario que los diputados y senadores cumplan con los principios de las Naciones Unidas sobre reestructuración de deudas soberanas, y además, rechazar el DNU del 22 de diciembre que establece el Megacanje 2.

Hasta ahora, la Argentina tiene un nivel de endeudamiento tolerable y razonable que permite tomar deuda para impulsar proyectos productivos y construir infraestructura. Desde el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas advertimos que es necesario el fomento de iniciativas financieras creativas, que hagan atractivas las inversiones productivas en el país, prioritarias para promover la producción y el crecimiento de todos los sectores.