¿En qué se parecen Máximo, Menem y Milani?

La historia de Gustavo Gómez es tan poco conocida como ilustrativa de cómo son las cosas, para que nadie tenga dudas. Gómez es el fiscal general de Tucumán, algo así como el jefe de los fiscales federales. Como tal, ha sido una pieza clave en la realización de los juicios contra militares que cometieron violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, en una provincia donde esa represión fue especialmente dura. Gómez fue el que logró, por ejemplo, las condenas contra los emblemáticos Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi. Pese a esos antecedentes, a mediados de junio, Gómez fue desplazado de una causa: aquella en la que investigaba al general César Milani. Gómez había pedido que se lo citara a declaración indagatoria. Eso a alguien no le gustó y lo corrieron. Gómez explicó que Milani gozaba de un privilegio injustificable. El general, como se sabe, está siendo investigado por su participación en la desaparición del soldado Ledo. "Por esa misma causa, hay militares detenidos, pese a que su participación está aun menos probada que la de Milani", dijo Gómez. El desplazamiento de ese fiscal fue posible, entre otras razones, por el silencio de los principales organismos de derechos humanos, cuya actitud frente al caso Milani fue, en el mejor de los casos, extrañamente tardía y, en su mayoría, silenciosa y condescendiente.


El desplazamiento del fiscal que investigaba a Milani por delitos de lesa humanidad refleja que algunas personas gozan de ciertos privilegios en relación al resto de los ciudadanos. Ningún militar pudo correr al fiscal Gómez. Milani, sí. Ningún militar contó con la protección silenciosa de la mayoría de los organismos de derechos humanos. Milani, sí. A eso se le llama tener privilegios, ser igual pero no tanto, pertenecer a una especie de casta de intocables.


Por grave que sea, lo de Milani no es un caso único y toma más relevancia en el contexto actual. El mismo privilegio tuvo Amado Boudou cuando el juez Daniel Rafecas tuvo la ocurrencia de allanarle un departamento. Un jueves santo, Boudou armó un escandalete, denunció al juez, al fiscal, al procurador general de la Nación, y logró que rápidamente la causa saliera de las manos de los dos primeros, y que el tercero renunciara a su cargo.

Ninguna de las personas que está leyendo esta nota podría hacer lo mismo: cambiar a un juez porque toma una medida que no le gusta. De la misma manera, la presidenta de la Nación consiguió que corrieran al juez Luis Cabral del tribunal de Casación horas antes de que votara a favor de la inconstitucionalidad del referéndum con Irán. Y el fiscal José María Campagnoli fue separado de su cargo cuando descubrió por medio de pinchaduras telefónicas el vínculo entre el hermano de la ministra de Seguridad y la barra brava de River Plate.


Ese mecanismo de relojería, esa especie de cerco que protege a algunos funcionarios vinculados al poder -y los diferencia del resto de los argentinos- benefició ahora a Máximo Kirchner, el hijo de la Presidenta, otro miembro de esa especie de casta intocable. Máximo es un hombre con privilegios desde su nacimiento. Pertenece a una familia de altísimo poder económico. Es, además, hijo de dos presidentes. A diferencia de la inmensa mayoría de los argentinos, nunca figuró entre sus angustias la de llegar o no a fin de mes, el mal humor que produce la relación con un jefe, la incertidumbre de no saber si hay o no turno en el hospital donde debe atender a un hijo. Gracias a su pertenencia familiar, es candidato a diputado nacional en un distrito donde su papá fue gobernador, su mamá senadora, su tía es candidata a gobernadora, un escenario típico de ciertas provincias argentinas.


En ese contexto, Máximo fue investigado por supuestos manejos irregulares de la obscena -y nunca demasiado justificada- fortuna familiar. Inmediatamente, como en los casos de Boudou y Milani, se puso en marcha el operativo cerrojo. Se metieron el Consejo de la Magistratura, la Cámara de Río Gallegos, la Sala I de la Cámara Federal, la Procuradora General de la Nación, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Si solo faltaba que opinara el Papa.


La resolución de la Sala I de la Cámara, que finalmente desplazó al juez de la causa, se tomó por dos votos contra uno. Básicamente, la mayoría sostuvo que Claudio Bonadío, de él se trataba, no dio vista a las partes sobre la realización de una pericia contable. Dos de los jueces consideraron que eso correspondía y el otro que no. Pero aun cuando los primeros tuvieran razón, había medidas intermedias para tomar: anular esa prueba, sancionar al juez o esperar que su validez se determinara en los pasos posteriores del proceso. Sin embargo, dos de los tres camaristas resolvieron sacarle la causa.


Lo inusual y extremo de la medida se entiende con un contraejemplo muy sencillo. La misma sala de la misma cámara entiende en el caso de las escuchas ilegales, donde está procesado Mauricio Macri. En esa causa, estuvo detenido durante más de un año el comisario Jorge Palacios. Fue liberado por la Cámara, en una decisión donde reprobó en duros términos la conducta del juez de primera instancia, Norberto Oyarbide, porque nunca había justificado adecuadamente que ese hombre estuviera preso. Sin embargo, no le sacaron la causa.


En un caso, Bonadío había pecado aparentemente por no trasladar a las partes la existencia de una pericia. Lo corrieron. En otro, Oyarbide había privado de su libertad injustamente a un acusado. Lo dejaron.


Eso es lo que diferencia a quien pertenece o no a una casta privilegiada. Máximo tiene esa protección, Palacios no. Y eso para no abundar en el tratamiento a miles de ciudadanos en la cárceles, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, que tan bien detalla año a año la Comisión de la Memoria, pese a que el kirchnerismo la ha abandonado a su suerte desde que se oficializaron las candidaturas presidenciales.


La idea de que existe una especie de oligarquía partidaria que no debe ser tocada por la Justicia, a diferencia del resto de los mortales, no es nueva. Cuando Carlos Menem fue detenido, se realizó un acto en el Congreso de la Nación en solidaridad con el reo. Gran parte de los asistentes son hoy militantes fervorosos del Proyecto Nacional y Popular, entre ellos Daniel Scioli, quien visitaba habitualmente a Menem en su lugar de detención porque, como bien se sabe, "no es de bien nacido ser desagradecido".


El hijo de la Presidenta se presenta como alguien perseguido. Pero, en realidad, se trata de alguien protegido.
Las relaciones entre Justicia y Poder Ejecutivo fueron motivo de un fervoroso debate en los años noventa, que culminó con la magnífica reforma de la Corte Suprema que encabezó el mejor Néstor Kirchner, el de 2003. Ese proceso fue abortado en los últimos años, donde todo ha vuelto a ser como en la Santa Cruz del Kirchner gobernador o en la Argentina del Menem presidente, aunque ahora con pátina progre ya que cada vez que en la volteada cae un adherente del proyecto hay un grupo de periodistas, intelectuales y abogados que firman solicitadas, realizan pegatinas y participan de programas de televisión que presionan afavor de que no se investigue a ninguno de los nuestros. No se trata ni por asomo de una dictadura, como dijo Mirtha
Legrand. Pero sí de un evidente privilegio: la Justicia está hecha para otras personas, las comunes. Sostener que la cúpula de Clarín goza de los mismos favores, como lo hacen los partidarios de Máximo en las redes, es casi una confesión de parte.


En pocos meses, asume un nuevo Presidente. La idea -tan elemental- de que él, su entorno, sus partidarios, puedan ser juzgados como cualquiera de los otros argentinos, sigue siendo una materia pendiente en un país democrático, donde los poderosos, como Máximo, Milani, Lázaro Báez o Boudou, son cobijados bajo un manto de neblina.

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