Lunes  06 de Julio de 2020

En el país de los subsidios, que el último apague la luz

En el país de los subsidios, que el último apague la luz

CLAUDIO ROMERO

Diputado por la Ciudad     

 Hay una sola razón por la que el gobierno nacional omite decir cuál es el camino que seguirán los argentinos una vez que finalice la cuarentena , es la misma por la que no dio a conocer hasta ahora un plan económico y la que le impide trazar la línea del horizonte como se lo piden a gritos desde distintos sectores.

Esa razón se levanta sobre los escombros de la economía en declive que en 2019 ya mostró la cifra aterradora de 20 millones de receptores de subsidios,  convertidos en mayo de 2020 en 31.050.689 a raíz del auxilio estatal por el Covid-19, calculado en $ 312.160 millones de pesos mensuales.

La razón principal para no definir el futuro es que no hay horizonte. En la actual situación el 60% del gasto público se va en subsidios de tan distinta índole que es preciso armar un Excel y llenar las columnas con cifras alarmantes, tanto de beneficiarios como de pesos. Y recién comienza la etapa crítica.

El horizonte se ve cada vez más lejos cuando se conoce que el nivel de pobreza creció hasta el 50% y a fin de año se calcula que llegará al 57%. En el horizonte se ven los huecos que dejará el desempleo imparable, consecuencia del cierre de comercios y empresas medianas y grandes que anunciaron sus cierres antes de que el presidente Alberto Fernández decretara la séptima extensión de la cuarentena.

La parálisis en la producción industrial, en actividades promisorias para el ingreso de divisas como la agrícola-ganadera o el turismo, el freno a las exportaciones de todo tipo, el incumplimiento en el pago de los tributos por falta de actividad e ingresos de los contribuyentes privados, son tan o más graves que la negociación por la deuda externa que se demora inexplicablemente por un tironeo finito que tiene la intención de ganar tiempo y no de bajar la deuda.

Un país cuyos habitantes en su inmensa mayoría viven de subsidios estatales, por diferentes razones -atendibles o no-, o en un alto porcentaje trabajan en la administración pública del Estado, es inviable. Estamos llegando a un punto en que ya no hablamos de derechos ni posibilidades de crecimiento personal, grupal o colectivo, sino solamente de ingresos que se obtienen sin una prestación a cambio, de dinero seguro sin trabajar.

La culpa no la tienen los 3.243.370 jubilados que aportaron toda su vida, ni los 3.621.335 que lo hicieron pagando una moratoria, tampoco los hijos por los cuales se pagan 3.923.040 AUH, o las 77.292 adolescentes embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo. Mucho menos quienes perciben legítimamente la histórica Asignación Familiar que son 3.957.674 junto a la Ayuda Escolar que consta de 3.150.597 beneficiarios.

El panorama empeoró con la pandemia, no hay duda. El “Estado Presente” estuvo más presente que nunca, aun cuando las determinaciones de los mandantes de turno se manifestasen en contra de su necesario equilibrio. La solidaridad no podía faltar en una situación tan grave como la generada por el virus que no distinguió nacionalidades. En pos de esa solidaridad los desaprensivos de siempre osaron intentar negocios para quedarse con una tajada.

El aislamiento para evitar los contagios bajó de un golpe las persianas de locales e industrias y la costumbre estatal de “auxiliar” reapareció en primera línea para crear el famoso IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) otorgado a 9.000.000 de trabajadores parados, y pensado, dicen, para continuar después de la cuarentena como “Ingreso Universal” y permanente.  

Súmesele a la desgracia laboral el Seguro por Desempleo que actualmente cobran por seis meses 115.617 ex trabajadores. Déjase constancia de que ese número es harto provisorio porque el horizonte así lo indica, aunque se dijera que el subsidio de Ayuda al Trabajo y la Producción (ATP) que ahora perciben 3.961.764 personas vaya a quedar en suspenso después de la cuarentena.

Hay más rubros pero los detallados sostienen la cifra mencionada en el segundo párrafo: 31.050.689 subsidios que suponen $312.160 millones de pesos sacados a girones del Gasto Público Nacional.

Somos 45 millones de argentinos y esos 31.050.689 de beneficios por distintos rubros del Estado representan el 60%. Es decir, los dos tercios de la población perciben un cheque del Estado. Solo 14 millones de personas producen efectivamente y aportan impuestos en nuestro país; entre ellos hay trabajadores estatales y privados, dependientes e independientes, empresarios pequeños, medianos y grandes, rurales e industriales. Pero no son suficientes para sostener a una masa improductiva tan grande, sin demérito de la calificación.

El presidente de la nación dice que él sabe cómo resolver la cuestión económica, pero no despunta ni asoma una mínima idea de la Casa Rosada. Sus declaraciones languidecen en contraste con las informaciones que dan cuenta del desplome: la Fundación Observatorio PYME (FOP) anticipó en estos días que el 10% de esas empresas -sobre un universo de 600 mil- están próximas a cerrar y con ese cierre se perderán 263 mil puestos de trabajo.

Los ingresos del Estado cayeron en mayo pasado un 36% en términos reales, y el gasto público aumentó un 35% en el mismo lapso. Sin embargo, es más grave la consecuencia de esos números porque están construyendo el peor de los escenarios con el que puede lidiar un gobierno: el crecimiento de la pobreza.

Esa pobreza nueva que crió la pandemia se sumó a la estructural existente, que ya era alta y nadie quería ver.

Hoy, en el mundo entero, ese verdadero flagelo declara públicamente la incapacidad de los hombres y las mujeres que conducen los destinos de sus connacionales, los confronta para decirles que después del azote de la peste, luchar por la desigualdad no va a ser el mayor de los desafíos. Aliviar la enorme pobreza que sobrevendrá será la cuestión principal en las consideraciones políticas serias.

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