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El veto y la prudencia republicana

Si bien la Constitución Nacional establece un sistema republicano de gobierno, cuya característica saliente es la división de órganos, y si bien en función de ello, cada órgano de gobierno tiene asignadas determinadas y exclusivas potestades, el Artículo 83 de la Ley Suprema autoriza a los primeros mandatarios a desechar leyes sancionadas por el Congreso, a través del llamado ‘veto’.
Cuando ello ocurre, la ley vetada vuelve al Congreso, el cual puede torcer la voluntad impugnadora, insistiendo con los dos tercios de los votos de cada Cámara. En ese caso, el primer mandatario se ve obligado a aprobarla, aunque sea tácitamente, es decir, dejando pasar diez días hábiles sin hacerlo en forma expresa. Por el contrario, si el Congreso no alcanzara ese quórum para insistir en la ley vetada, entonces el ‘rechazo presidencial’ habría triunfado y la ley observada no podría ser debatida hasta las sesiones ordinarias del año siguiente.
Este polémico instrumento constitucional, que el Presidente Mauricio Macri acaba de utilizar por primera vez en su gestión, para impugnar la llamada ‘ley anti despidos’, pareciera ser contradictorio con la división de poderes prevista en la Constitución Nacional, toda vez que constituye un avance del órgano ejecutivo sobre el legislativo; máxime cuando se le pide al Congreso un quórum tan gravoso (dos tercios de cada Cámara) para poder insistir en la ley que luego el presidente rechaza. En efecto, si se tiene en cuenta que, en general, las leyes son aprobadas con la mayoría absoluta de los miembros presentes, la posibilidad de que el Congreso pueda doblegar un veto presidencial es casi nula.
Es por ello que los presidentes deben utilizar este mecanismo con mucha moderación republicana. De hecho, uno de los principales redactores de la ley fundamental, Juan María Gutiérrez, al justificar la existencia del veto presidencial, aceptó que ella genera un conflicto de poderes, motivo por el cual aconsejó que, en dicha circunstancia, ambos órganos deben ser "responsables", expresión con la cual puso un adjetivo calificativo a esa facultad presidencial de vetar leyes, para que, precisamente, el rechazo de las mismas respondiera a circunstancias muy específicas y meditadas, y no a una política permanente de obstruir la labor parlamentaria.
El veto a una ley es un instrumento conflictivo, que probablemente pueda discutirse a nivel filosófico-constitucional; pero no es posible afirmar que, cuando un presidente lo utiliza, está actuando por fuera de los postulados establecidos en la Ley Suprema de la Nación.