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El traspaso de la Justicia y la autonomía porteña

JAVIER RONCERO Consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires

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El traspaso de la Justicia y la autonomía porteña

Los aspectos centrales en el actual proceso de transferencia de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires, son básicamente dos: la plena autonomía porteña y el mejor funcionamiento del Poder Judicial.

La constitucionalidad de la transferencia ha dejado de ser la discusión principal, ya que dicha cuestión fue resuelta favorablemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos ‘Corrales’, ‘Nisman‘ y ‘Sapienza’, todos de reciente data.

Por ello, no es mi intención polemizar jurídicamente respecto del traspaso, sino aprovechar la oportunidad para mejorar la calidad institucional de la Justicia, garantizar la independencia de los jueces, preservar e impulsar la protección de los derechos de los ciudadanos de Buenos Aires, y otorgar los recursos necesarios para modernizar y agilizar la gestión judicial.

Empantanarse en temas operativos no es más que cambiar el orden de prioridades. La política judicial de un país, el cumplimiento de la Constitución sobre la plena autonomía de la Ciudad, la clara significación que para los ciudadanos de Buenos Aires posee tener instituciones propias y la mejora para el servicio de justicia que implica contar con Tribunales locales, no puede estar supeditada a intereses subalternos.

La resistencia de algunos magistrados y trabajadores de la Justicia Nacional es natural, ya que cualquier cambio genera incertidumbre. Pero debemos despejarla mediante el diálogo y no desde posiciones irreductibles, asegurando que no van a ser vulnerados ninguno de los beneficios que hoy tienen quienes se desempeñan en la Justicia Nacional, sino que por el contrario van a agregar otros derechos que existen en el ámbito de la Ciudad.

La Legislatura porteña aprobó el 5 de abril los convenios firmados por los Poderes Ejecutivos de Nación y Ciudad, que establecen la transferencia progresiva de las competencias ordinarias y órganos en materia Penal; la competencia y órganos en Relaciones de Consumo; de la Inspección General de Justicia; y del Registro de la Propiedad Inmueble. Ello significa un paso enorme para la consolidación del sistema institucional.

Falta que se pronuncie el Congreso de la Nación en idéntico sentido y así, los ciudadanos de Buenos Aires podremos intervenir en la administración de nuestra Justicia, en condiciones de igualdad con el resto de los argentinos.