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El traspaso de la Federal a la Ciudad y el nuevo protocolo de seguridad

En el mismo tiempo político que se produce el traspaso de 21 mil miembros de la Policía Federal a la órbita del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno Nacional anunció la creación de un nuevo ‘Protocolo de Seguridad’, que postula la misión de ‘ordenar la vía pública’. Estas dos medidas, y de manera escalonada apuntan hacia un claro intento de criminalizar la protesta y demostrar cuán delincuente puede ser un manifestante. Se perfilan a demostrar la gradualidad del ‘crimen’ del demandante por sus derechos y opiniones.
En nuestro juicio, el Estado debe ser garante y defensor de los derechos de todos los ciudadanos, sin hacer distinciones entre ‘buenos y malos’. Este nuevo protocolo atrasa en el tiempo, en cuanto pone en vigencia la estigmatización de aquel que protesta en defensa de sus derechos.
No avanza en una precisión mayor a las normativas ya existentes y acordadas. No respeta el principio de legalidad y oportunidad. No contempla la gradualidad del accionar represivo y no se lo tiene en cuenta como último recurso o amenaza.
Un tema de mayor gravedad aun, es que este manifiesto no excluye, ni indica de manera absoluta y terminante, la prohibición del uso de arma letales para la contención de la protesta social, como es de estilo en los países más modernos. Se deja de esta manera, al libre albedrío del oficial a cargo el tipo de accionar disuasivo a encarar.
Además, podríamos decir que estas carencias ponen en relieve la libre circulación y mantenimiento del orden público, por encima de la protección y respeto de los derechos de los que reclaman.
Desplaza al Poder Judicial, y otorga la decisión de reprimir un conflicto a las fuerzas de seguridad, quienes podrán dictar protocolos específicos, como amos y señores de las calles, y en contra de los ciudadanos.
En el caso de los porteños la intranquilidad es mayor. El traspaso de la Policía Federal, sólo trae inquietud. ¿Los nuevos agentes que se incorporarán a la Ciudad Autónoma, lo harán con este sistema irracional e inconstitucional? ¿Abandonarán 12 años de experiencia y trabajo en la búsqueda de una nueva policía que pudiera dejar atrás la doctrina de seguridad nacional?. Es necesario una respuesta, a estas preguntas.
La reacción negativa que generó este protocolo -algunos gobernadores expresaron ya su rechazo-, recorre buena parte del pensamiento político, cultural, gremial y del periodismo argentino.
Con buen tino, organizaciones profesionales de medios gráficos y audiovisuales, criticaron este protocolo. Impone a periodistas y reporteros, ante una posible acción de las fuerzas represivas, registrar el despliegue desde un ‘corralito’, imposibilitando, así, el libre accionar de reporteros y camarógrafos.
De aplicar semejante lógica informativa, y como estas ong’s indican, con el nuevo digesto jamás se hubiera descubierto el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, por parte de un comisario, y tal vez, nunca se hubiera desentrañado el crimen de Mariano Ferreira que gracias a las cámaras de C5N se pudo saber la verdad.
Muestran prisa por aplicar un protocolo que inevitablemente nos conducirá a los peores momentos vividos. En democracia o bajo regímenes de carácter represivo, el pueblo argentino siempre buscó y encontró la forma de expresar la defensa de sus intereses.
En los últimos 50 años, demasiados hechos trágicos sucedieron y muchos aprendimos que la democracia se defiende con mayor profundización de los derechos de todos. Limitar y reprimir la expresión popu lar, es retroceder en el tiempo y es un mal camino, también, para los propios gobernantes. La historia, así lo indica.