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El plan B para hacer obras depende del Presupuesto y la emisión de deuda

El que mucho abarca, poco aprieta. El exigente calendario de leyes que busca aprobar el Gobierno antes de fin de año tuvo dos bajas notorias: la primera fue la reforma de la ley de Ministerio Público Fiscal y la segunda la norma que promueve la inversión privada en obras de infraestructura. Aunque no lo parezca, ambos tropezones están vinculados y muestran que, en materia de consenso legislativo, el Gobierno necesita a la oposición mucho más de lo que está dispuesto a admitir.

Elisa Carrió torpedeó la ley con la que el Ejecutivo buscaba jubilar a la procuradora Alejandra Gils Carbó, reclamando en su lugar que sea apartada a través de un juicio político. El proyecto estaba acordado con el massismo, que iba a dirigir una comisión de seguimiento con amplio poder para elegir y remover fiscales. Sin su premio por esa jugada, los representantes de Sergio Massa ayer se alinearon con el kirchnerismo y frenaron la aprobación del régimen de participación público-privada.

El Gobierno tendrá que remar bastante para enderezar el tratamiento de esta propuesta en Diputados y lograr que la vote otra vez el Senado. La oposición sabe que tiene alto valor para Mauricio Macri, que comprometió su rápida vigencia en todos los foros a los que acudió a buscar inversores.

Sin este marco normativo, luna de las patas del plan quedará más corta. Y acelerará la presión para ejecutar los planes de obras incluidos en el Presupuesto y financiados con endeudamiento.

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