El nuevo Fútbol para Todos y la gran brecha

El 1 de febrero pasado, se firmó el denominado Acta-acuerdo entre la Secretaría General de la Presidencia de la Nación (SGPN) y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), modificándose las condiciones del programa Fútbol Para Todos (FPT). Este documento ratifica la vigencia del FPT hasta el 30 de agosto de 2019, a la par que introduce variantes para el período de transición fijado hasta el 30 de junio de 2016. El Estado Nacional abonará por dicho período la suma total, definitiva y por todo concepto de $ 761 millones, pagadera en 4 cuotas, por los derechos de TV del fútbol de primera división A y los derechos internacionales.

No habrá reajustes y serán deducidos a los clubes los costos de seguridad. Quedaron excluidos los partidos de la B Nacional y de la Copa Argentina que se pueden ver por la pantalla de TyC Sports. Ambas partes se han obligado a "realizar acciones, evaluaciones, auditorías y estudios para optimizar y mejorar los criterios de transparencia, razonabilidad, eficacia y eficiencia en la relación contractual, a los fines de establecer los términos y condiciones que regirán para los próximos torneos".

La AFA se comprometió a transferir el dinero proveniente del Estado Nacional a las cuentas bancarias de los clubes o mediante cheque al día, dentro de los cinco días hábiles de percibido. El envío de fondos a los clubes deberá acreditarse ante la SGPN en otro plazo igual, y la AFA además, podrá deducir y/o compensar hasta un máximo del 30% de los montos mensuales para cancelar las deudas contraídas por los clubes, según las bases del Plan de Saneamiento aprobado por el Comité Ejecutivo. El acuerdo deberá ratificarse por la Asamblea General Extraordinaria convocada por AFA para el 1 de marzo. La SGPN -que desde diciembre reemplaza a la Jefatura de Gabinete de Ministros-está facultada a efectuar controles, auditorías e inspecciones a través de la Sindicatura General de la Nación o cualquier otro órgano designado, en tanto la AFA, se obliga a poner a disposición todos los documentos y registros contables (o de otra naturaleza) con el fin verificar el destino y/o la distribución de los fondos entre los clubes.

La AFA dentro de los 60 días debe aprobar un reglamento de Juego Limpio Financiero en línea con las normas FIFA, que contemple a partir de la temporada 2016/2017, la prohibición de incorporar jugadores a los clubes deudores con sus futbolistas o en materia previsional, con obligación de reducir sus deudas con el Estado Nacional en un plazo máximo de 8 años, bajo pena de aplicar sanciones económicas. Todavía la AFA no publicó las pautas de distribución para los clubes, cuyo incremento promedio sería del 30%. Rodolfo D Onofrio presidente de River Plate dijo a ESPN 107.9 FM: "Los clubes grandes hacemos un esfuerzo en aceptar los porcentajes que nos dan. Ese esfuerzo es que cobremos 66 millones. River y Boca podrían recaudar más de 200 millones por su poder de convocatoria". Del otro lado del espectro, están los clubes recién ascendidos a Primera relegados en el reparto y los de la B Nacional que reclaman un aumento mínimo del 30% por la televisación que pasó a manos de la empresa Torneos. Y más lejos están los clubes del ascenso y de las 210 ligas del interior nucleadas en el Consejo Federal, con 3000 clubes afiliados y más de 400 mil jugadores inscriptos. Gracias a un mecanismo de solidaridad estos clubes reciben un subsidio según su categoría (máximo de $ 60 mil mensuales).

El debate está planteado entre: (a) Dar el SÍ a la Liga de los Grandes siguiendo al modelo español donde reinan Real Madrid y Barcelona, o (b) Construir una política de Estado para organizar el fútbol con alcance federal, donde las oportunidades de progreso sean equitativas. Estas loables innovaciones al FPT ponen el foco en reglas claras y efectivos controles, pero todavía falta dar una mirada social que integre al fútbol profesional (1%) con el aficionado (99%), dado que éste cumple un rol esencial en un gran segmento de población. Por esta última razón, se debe achicar la brecha que separa a una minoría del resto de los clubes, que aún en desigualdad pugnan por sobrevivir. Joseph E. Stiglitz (Nobel de Economía 2001), en su libro La Gran Brecha plantea que la desigualdad social no es inevitable, ni consecuencia de leyes inexorables de la economía, sino de políticas y estrategias. En un pasaje se lee: "Estamos profundamente divididos. La segregación económica y geográfica (en EE.UU.) ha inmunizado a quienes se encuentran en la ci ma de la pirámide social frente a los problemas de quienes se encuentran abajo del todo. Como los reyes de antaño, han acabado por considerar sus posiciones de privilegio como un derecho natural".

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