Jueves  09 de Junio de 2016

El juez que avaló al abuelito de Cristina puso de rodillas a Macri con las tarifas

El doctor Alfredo Eugenio López, titular del Juzgado federal N´ 4 de Mar del Plata, es un hombre de mucho prestigio y antigüedad en la Justicia. Sobre él se recogen las mejores referencias entre abogados y en el círculo rojo marplatense. Lo recuerdan muy activo con los amparos en defensa de los ahorristas en las épocas del corralito y el corralón, hechos que le valieron el reconocimiento de los vecinos. Pero su ascenso en el interés de los medios llegó años más tarde, de la mano de la ex presidenta Cristina Kirchner.

Es que López fue el magistrado que amparó y dio la razón al famoso abuelito que le quería regalar 10 dólares a su nieto y no se lo permitía el cepo cambiario, episodio que terminó en Tribunales, y del cual se ocupó de comentar la ex presidenta en cadena nacional, tan furiosa con el abuelito que lo acusó de "tacaño" por el volumen de la operación en disputa.

Lo que seguramente nunca hubiera imaginado este magistrado de Mar del Plata, es que su actuación en el presente, y sobre todo en el pasado, fuera la razón que ha puesto de rodillas al gobierno de Mauricio Macri con los aumentos de tarifas en todo el país, en especial la provincia de Buenos Aires y la Patagonia.

Un cisne negro que ya desató una severa crisis de gabinete alrededor del ministro Juan José Aranguren, curiosamente una de las figuras que llegaba con las mejores calificaciones y pergaminos al Gobierno. Por no mencionar los interrogantes fiscales y operativos que los amparos judiciales contra los aumentos de tarifas pueden determinar en la inflación y la prestación de los servicios.

Por lo pronto, el gran complejo hotelero de Mar del Plata en Cabo Corrientes, bajo la dirección del arquitecto César Pelli, fue informado que la distribuidora de gas de la ciudad no está en condiciones ya no de asegurar el suministro de gas, ni siquiera tiene caja para colocar una tuerca. De hecho, es tan dramática la caída de la inversión en infraestructura producto del congelamiento de tarifas en 15 años, que nadie en Mar del Plata se puede conectar ni apenas con una estufa nueva a la red existente, sin pedir permiso a las autoridades.

El cimbronazo de las tarifas y la nueva lluvia de amparos judiciales empezó en febrero/marzo de este año, con la llegada del nuevo cuadro tarifario que se decidió para las boletas de gas. Lo que aparentemente no se tuvo en cuenta por el Gobierno, es que en la Patagonia y en gran parte de la provincia de Buenos Aires (donde estalló el conflicto) los aumentos que se fijaron en 2014 no se aplicaron porque fueron recurridos en la Justicia y lograron amparos, a partir precisamente de una medida cautelar otorgada en agosto de 2014 en el juzgado del Dr. López de Mar del Plata. Es el caso Acuba y otros contra Camuzzi y Otros, que fue apelado y llegó a la Corte, tal como informamos en esta columna hace dos semanas.

El Supremo Tribunal pidió la opinión de la Procuradora Gils Carbó, quien ya lo devolvió fundamentando en contra de frenar los aumentos de tarifas con medidas cautelares. Considera la Procuradora en un dictamen de abril de este año (administración Macri, no Cristina) que las cautelares pueden poner en peligro la prestación de los servicios y se interfiere con las políticas generales del Gobierno. Gils Carbó devolvió la pelota a Ricardo Lorencetti, pero la Corte todavía no juega y mantiene en vilo a buena parte del empresariado y medio Gobierno con la cuestión. Todos esperan el fallo del máximo tribunal para poner orden en este desaguisado. Las empresas ya no saben cómo facturar los próximos bimestres

En verdad, las boletas explosivas de gas que llegaron en la Patagonia e hicieron retroceder al Gobierno reconocen la génesis en 2014, con la mano reparadora del Dr. López y otros amparos que se dieron, y que en la práctica impidieron los que habían sido los únicos aumentos que recibieron las distribuidoras en 15 años luego del estallido de la Convertibilidad. Fue la génesis del conflicto que le volteó a Macri su plan para recortar los subsidios y casi le lleva puesto a uno de sus mejores ministros.

Cuál fue el pecado de Aranguren, que según opinan veteranos del sector obedece a que es más experto en naftas que en gas y electricidad: es que el nuevo cuadro tarifario que ideo el ex titular del Shell llevaba la tarifa domiciliaria al triple de lo que se venía pagando. De $ 4,77 por unidad de cuenta, contra $ 1,60 que era el precio luego del ajuste de 2014. Pero los beneficiados por los amparos de 2014 no pagaban 1,60 sino 0,22, valor histórico con subsidio y congelado hace 16 años. Obviamente en la Patagonia el valor del gas pasó entonces en las facturas, de $ 0,22 a $ 4,77 un aumento superior al 2000%.

Lo notable del caso es que de ninguna manera puede sospecharse que el titular del juzgado federal de Mar del Plata sea el responsable de la situación actual. Es inexplicable que el Gobierno se haya olvidado que en la Patagonia y parte de Buenos Aires no se habían ajustado nunca las tarifas y las facturas volarían. Menos puede pensarse que el Dr. López hubiera actuado en contra del Gobierno de Mauricio Macri. De hecho, los nuevos amparos que se presentaron ahora en su juzgado en contra del aumento de tarifas del gobierno de Macri fueron rechazados ‘in límine’ en su juzgado, atento a las novedades procesales en los últimos dos años, fallos de cámara y opiniones de los tribunales superiores. Aún así, hay fiscales que insisten en trabar los aumentos y recurren los pronunciamientos para insistir con los embargos.

A la fecha, una de las principales distribuidoras de gas afectada es Camuzzi: 51% de una familia italiana cuyo máximo responsable vive y adora a la Argentina, y 49% en manos del grupo inversor liderado por Alejandro Mc Farlane y Jorge Brito. No se pueden aplicar los aumentos en Todo Chubut y Santa Cruz. Tampoco en las localidades de Zapala, Bariloche y Rio Grande. Contra la empresa hay 18 pedidos de amparos en la provincia de Buenos Aires y La Pampa, y 35 reclamos para que se frenen los aumentos de la Patagonia. Un escenario de extrema incertidumbre, que no cede a pesar de que esa distribuidora tiene a 30% de sus clientes bajo el régimen de tarifa social.

En Ushuaia, por ejemplo, la boleta promedio antes de los aumentos era entre 60 y 80 pesos por bimestre. Aún el tope de 500% no se acepta y siguen los pedidos de amparo. Incluso el Gobierno es víctima de fuego amigo. Se ha detectado en Bariloche, por ejemplo, que miembros o allegados a la Fundación Pensar del ministro Francisco Cabrera son los que fogonean los amparos.

Un cuadro muy complejo al que se debe sumar los amparos otorgados contra otras distribuidoras en el Conurbano, Mendoza, Córdoba y Chaco, entre otras. Conviene recordar que las empresas que distribuyen el gas o la electricidad, que lógicamente ponen la cara ante los clientes y la Justicia porque son ellas las que ‘firman‘ con sus membretes las boletas que llegan a los domicilios, apenas se llevan entre 8% y 10% del precio que pagan los usuarios. Casi 30% se lleva el Estado con impuestos, y 60% es lo que se llevan las empresas que producen la energía (petrolera o generadora de electricidad) y las que la transportan a los centros urbanos (gasoductos o líneas de alta tensión).

Ha sido tan delirante y populista la política energética en la era Kirchner, que aún con los aumentos explosivos de Aranguren los subsidios deben continuar en forma millonaria. Los desequlibrios que se acumularon desde la llegada de Cristina a la Casa Rosada en 2008 fueron impresionantes. Néstror conocía el desastre. En 2009 engañó a las empresas y las hizo desistir de los reclamos ante el CIADI, prometiendo una revisión general de tarifas que nunca llegó. De aquellos decretos se tomó ahora el ministerio de Energía para disponer los aumentos.

Hasta Diego Maradona tiene alguna responsabilidad. Una vez retiradas las demandas ebn el CIADI, el Gobierno prometió ir anunciando los ajustes de tarifas a medida que Argentina iba progresando en el Mundial de Sudáfrica. La goleada 4 a 0 contra Alemania se llevó todas las ilusiones a la basura. Las del Gobierno con Maradona y el Mundial, y las de las empresas de energía.

Hoy el esquema en gas sigue siendo inviable. Se les asegura entre 7 y 8 dólares por millón de BTU a las productoras de gas en boca de pozo, pero las facturas dan para recaudar 4 dólares a lo sumo. Ni eso, porque ahora está todo frenado por la Justicia y las restricciones políticas con que gobierna Mauricio Macri y su equipo. Los subsidios deberán continuar, Y si la Corte no frena la lluvia de amparos, será necesario multiplicarlos cada vez más. Más déficit, más inflación, más deuda, menos inversión, menos desarrollo. El mundo feliz de los amparos y las tarifas regaladas.

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