El financiamiento del crecimiento argentino debe ser una política de Estado

Como jóvenes dirigentes políticos debemos tener la capacidad de encarar discusiones y debates pensando en las políticas y herramientas que hay que generar con el objetivo de impulsar a la Argentina hacia el desarrollo.

Inevitablemente, uno de estos ejes debe ser en torno a los recursos necesarios y su origen, para financiar mayores niveles de crecimiento.

Pero debemos lograr establecer un debate sincero y maduro, y abstenernos de prejuicios que, si bien en muchos casos pueden tener su fundamento en la historia oscura y traumática de la deuda externa argentina, hoy no nos ayudan a despejar el camino y resolver los cuellos de botella de nuestro sistema productivo.

El hecho de obtener determinado volumen de recursos a partir de la colocación de deuda debe tener un objetivo preciso. Esto es, debe servir para propiciar e impulsar mayores niveles de crecimiento, inversión y desarrollo autosostenible.

Sin embargo, cuando pretende utilizarse como una herramienta para financiar los desequilibrios internos, solo estamos recorriendo un camino que los argentinos ya transitamos, y que nos conduce a un círculo insoluble de pobreza, desempleo y destrucción del sistema productivo.

Con mis compañeros del Bloque Justicialista hemos realizado un pedido de Sesión Especial para el próximo miércoles 5 de julio a fin de darle tratamiento al proyecto que cuenta con media sanción del Senado de la Nación y que prevé que las operaciones de deuda pública realizas por el Gobierno Nacional, deberán contar con la correspondiente aprobación por parte del Congreso.

Debemos garantizar que la misma no vuelva a funcionar como condicionante del Estado argentino y de su soberanía

Cabe recordar que la semana anterior realizamos un pedido de similares características que fue tajantemente rechazado por los diputados del oficialismo.

En esa oportunidad, y habiendo tomado conocimiento público el reciente anuncio del Gobierno sobre la emisión de un bono con vencimiento a 100 años pedimos que el Congreso nacional, ámbito donde están contenidas todas las representaciones políticas, intervenga en la discusión sobre los tipos de deuda, montos máximos, plazos de la amortización, origen y destino del financiamiento.

Adoleciendo de cualquier margen de responsabilidad, el Gobierno no solo obtura el debate sobre un tema de índole estratégica, sino que intenta resumirlo a una cuestión eminentemente técnica, o bien, a manifestaciones políticas que se producen en el marco de una campaña electoral.

El programa de financiamiento de un Gobierno, cualquiera sea, debe tener el carácter de una política de Estado. Y merece que le demos ese tratamiento. En un debate horizontal entre las distintas expresiones políticas, debemos establecer mediante un intercambio maduro y responsable, un acuerdo sobre un tema que tal como está planteado, es un fuerte condicionante intergeneracional.

El Congreso de la Nación debe participar de este debate. Así está previsto en el artículo 75 de nuestra Constitución, norma fundamental que todos tenemos la obligación de cumplir incluidos los funcionarios del actual Gobierno.

Argentina es el país emergente que más deuda emitió en el último año y medio. Y esta decisión no tuvo ningún impacto en el desarrollo productivo de nuestro país sino que alimentó la fuga de capitales en desmedro de los intereses de los argentinos y poniendo en riesgo su futuro. Para dimensionar, solo en los primeros cinco meses del año de acuerdo a cifras proporcionadas por el Banco Central, asciende a casi u$s 7000 millones.

A la preocupación anterior, debemos sumar el deterioro del sector externo. Una caída sostenida en el tiempo de la exportaciones será un problema que devendrá en complicaciones al momento de hacer frente a las obligaciones de los servicios de deuda. Lo que solo podrá solucionarse con mayor endeudamiento.

En ese sentido, y como norma que no admite excepciones, cabe considerar que el propio Banco Central limita a los actores económicos del sistema a adquirir volúmenes de deuda en divisas si correlativamente no tienen la capacidad de generarlas. Inclusive, la Ley de Responsabilidad Fiscal es clara a la hora determinar las obligaciones de las jurisdicciones provinciales en cuanto a los niveles de endeudamiento aceptables.

La responsabilidad que se declama desde el Gobierno debe comenzar por los propios funcionarios. No pueden actuar como dueños de los recursos que son de los argentinos del presente y de los que vendrán. Necesitamos empezar a transitar el camino del crecimiento serio, lo que implica un involucramiento pleno de las instituciones en las decisiones adoptadas.

En línea con lo anterior, la participación del Congreso resulta un aporte a la seguridad jurídica y política imprescindible para mejorar la calidad de nuestra democracia.

Quienes intentan bloquear el debate se equivocan nueva mente. No estamos para obstaculizar sino para actuar con responsabilidad por el presente y el futuro de los argentinos.
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