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El financiamiento de la política en la reforma electoral

El marco normativo nacional de financiamiento político es bastante completo. Sin embargo, presenta dificultades para garantizar la transparencia respecto del origen de los fondos y la equidad entre las distintas fuerzas políticas que se presentan como opciones electorales.
Cada ciudadano debe poder conocer quiénes apoyan las diferentes campañas electorales, de dónde sale el dinero y en qué se invierte. ¿Qué sabemos realmente al respecto? No mucho. Es que el 90% de los aportes declarados por los partidos políticos se realizan en efectivo. Esta forma de recibir dinero promueve que los partidos no declaren los fondos recibidos a la justicia electoral y que puedan hacer uso de aportes prohibidos por ley.
En 2015 se produjo un cambio muy importante en el sistema de financiamiento político. El Decreto 776 habilita la tarjeta de crédito como medio de pago electrónico para efectuar aportes privados a los partidos políticos y alianzas electorales. Además, obliga a las entidades bancarias a informar a las agrupaciones políticas sobre el origen de los aportes y a permitir su reversibilidad. Así, los partidos pueden rechazar la donación si lo desean.
La iniciativa fomenta la bancarización de las donaciones de los ciudadanos y amplía las posibilidades de conocer la identidad de los aportantes. Así, es más fácil detectar aportes ilegales. Asimismo, contribuye a diversificar las fuentes de financiamiento y permite a los partidos profesionalizarse en materia de búsqueda de fondos y afianzar los vínculos con sus militantes.
El Decreto 776 es un primer paso para promover el microfinanciamiento de la política a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Las experiencias de recaudación de fondos por internet para las campañas electorales de Barack Obama en 2008 y 2012 y de Podemos en las elecciones de España de 2014 son ejemplos de ello. En la Argentina, las elecciones presidenciales de 2015 evidencian que aún hay aspectos que deben reforzarse para que la iniciativa se consolide.
En primer lugar, las reglas tienen que generar certezas respecto del uso que las agrupaciones políticas pueden hacer de los fondos recaudados a través de internet. Así, por ejemplo, el marco normativo debe aclarar si los aportes recibidos para el financiamiento ordinario de los partidos pueden luego ser transferidos a la cuenta de la campaña electoral.
En segundo lugar, es necesario trabajar con las entidades bancarias para garantizar la seguridad de las transacciones para todos los actores involucrados y prevenir los aportes provenientes de fuentes prohibidas y actividades ilícitas. Es clave, también, implementar campañas de sensibilización ciudadana respecto de las ventajas de las donaciones con tarjeta para transparentar el financiamiento político.
El Decreto 776 es un punto de partida para transparentar el financiamiento de la política y fortalecer su regulación, temas clave del debate por la próxima reforma electoral.

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