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El dilema de los inmigrantes

FELIX V. LONIGRO Profesor de Derecho Constitucional UBA, UAI y UB

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El dilema de los inmigrantes

Cuando se sancionó la Constitución Nacional, en la Argentina había un habitante cada dos kilómetros cuadrados. Si Alberdi entendía que "gobernar es poblar", los constituyentes por él influenciados decidieron sancionar una Constitución "para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino".

No se trataba de un acto desinteresado de generosidad del constituyente, sino de un pedido al mundo para que nos ayuden a crecer económicamente, a cambio de asegurar a los extranjeros que acudieran a ese llamado, el goce y ejercicio de los mismos derechos civiles que los argentinos.

Al país le iba a resultar imposible crecer con apenas algo más de un millón de habitantes, y el crecimiento natural resultaba excesivamente lento para las necesidades de entonces. Resultaba imperioso poblar el territorio con inmigrantes, pero no con cualquiera, sino con aquellos que vinieran a "labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes", según lo dispone el artículo 25 de la Ley Suprema.

De allí las políticas inmigratorias implementadas durante la segunda parte del siglo XIX, que generaron un aumento poblacional del 500% hacia el año 1900. Luego durante el siglo XX la población argentina creció casi diez veces, y hoy, a diecisiete años del inicio del siglo XXI, en nuestro país hay casi 43.000.000 de habitantes, de los cuales alrededor de dos millones son extranjeros. Si con todos ellos se formara una provincia, sería la quinta más poblada del país.

La Argentina le debe a los inmigrantes parte de su crecimiento económico, sobre todo a los españoles e italianos, sin embargo la referida igualdad de derechos no es absoluta, no solamente porque no aplica al ejercicio de los derechos políticos (no pueden ser legisladores nacionales, ni presidente o vicepresidente de la Nación, ni se les permite votar a nivel nacional), sino porque en materia de derechos civiles tampoco gozan de la misma libertad que tenemos los argentinos de entrar y permanecer en el territorio, ya que se les puede limitar y/o impedir el ingreso, y hasta se los podría expulsar si cometiesen delitos. No existen, en la legislación de nuestro país, causales de expulsión de argentinos, sean ellos nativos, por opción o nacionalizados.

Es obligación de las autoridades cuidar el ingreso de extranjeros al país, así como también de proceder a su expulsión cuando los mismos incurren en conductas penalmente reprimidas por nuestra legislación. Pues más allá de las restricciones que el gobierno actual acaba de disponer en materia de ingreso y permanencia de inmigrantes, la referida obligación ya tenía plena vigencia en la ley de migraciones sancionada el 12 de diciembre de 2003 durante el gobierno de Néstor Kirchner.

De ninguna manera esas restricciones constituyen actitudes xenófobas ni discriminatorias, por el contrario, son medidas cuyo objetivo es alentar la paz y la tranquilidad para los argentinos, y están muy lejos de resultar inconstitucionales, ya que como lo adelante al comienzo de esta nota, es la misma ley suprema la que obliga al gobierno nacional a promover la inmigración de todos aquellos que acrediten su deseo de ser útiles al país.

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Comentarios1
penduzo Pendu
penduzo Pendu 01/02/2017 09:04:14

pretenden comparar a la inmigracion europea con la porqueria que viene de america latina ?? Mal, muy mal.....