El desafío oficial es asistir también a los que no siguen las reglas del Estado

Los argentinos somos hijos del rigor. Esa frase, y otras similares, nos persiguen como sociedad desde hace décadas. Forman parte de ese ADN que todos reconocen, pero del que nadie se hace cargo. Los sociólogos hasta interpretan que todos están esperando que llegue la sanción para corregir las actitudes cuestionables, pero mientras tanto igualamos para abajo y hacemos lo mismo que todos.

Está claro que esta generalización no es representativa al 100%. Pero lamentablemente algunos fundamentos empíricos tiene. "Los argentinos son buenos, pero si se los controla son mejores", solía decir Juan Domingo Perón a mediados del siglo pasado. Y desde entonces la Argentina oscila entre dos grandes ejes: el de aquellos que se dedican a diseñar y ejecutar los controles y el de los que dedican todo su tiempo productivo a evadirlo.

La crisis del coronavirus ha vuelto a exhibir esta grieta. A todos los que les preocupa la posibilidad de ser contagiados, no se les pasa por la cabeza la posibilidad de desafiar el aislamiento. Pero hay muchos otros que siguen haciendo su vida. Se diría que están esperando a que se cierre el cerrojo para obedecerlo.

El problema que empieza a vivir la economía es que quienes se movieron al margen de las reglas hoy no van a tener muchas posibilidades de ser beneficiarios de las medidas que adoptó el gobierno nacional como paliativos. Algunos evaden para subsistir, pero otros lo hacen para obtener el enorme premio que implica no pagar impuestos o cargas patronales. Eso implica que el Estado controlador va a tener que instrumentar un mecanismo para asistir a los que están en la informalidad, porque no puede darse el lujo de dejar librado a su suerte a ese universo social que no tuvo margen de alcanzar algún otro tipo de inserción en el mundo formal.

En otras palabras, el desafío político y económico que le impone la pandemia al Gobierno (sin contar el tremendo esfuerzo que demandará atender la crisis sanitaria en sí misma) tiene que ver con encontrar los medios para que la caída en los ingresos que provoca la cuarentena no termine en un conflicto social.

El Ejecutivo ya decidió que asignará $ 10.000 a cada persona que no acredite un ingreso formal. Lo hará a través de la ANSeS, que instrumentó un formulario vía web. Sería conveniente que ese esfuerzo pueda ser capitalizado de alguna manera, con la entrega de ese subsidio a través de algún canal digital formal, como se hizo con la Tarjeta Alimentaria. Al Gobierno le faltarán fondos para atender todas las necesidades que abrió la pandemia, y es necesario que dinero que fluye de sus manos hacia la sociedad alimente la recaudación y bloquee la evasión. Si la aplicación de controles o cerrojos va ser la única forma de contener a los que viven sin asumir su responsabilidad colectiva, al menos que vayan en la dirección correcta.

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