El desafío de ganar confianza sin defaultear el contrato electoral

Confianza es una palabra esquiva, sobre todo cuando se la usa en economía. El diccionario la asocia más con un sentimiento de fe que con la obtención de una certeza. La define como la "esperanza firme que se tiene de alguien o algo".

Es un término que tiene un alto grado de subjetividad, por lo cual es difícil que todos apliquen criterios uniformes para sentir confianza frente a determinados hechos o personas. Por eso se transforma en una meta delicada cuando se la asocia a un objetivo colectivo, como acaba de hacer el FMI con la gestión de Alberto Fernández.

Los analistas prefieren usar cifras en lugar de sensaciones. Cuando la confianza sobra nadie escarba demasiado en las razones, pero hay un indicador que aporta una aproximación bastante certera. Se lo conoce como el índice de la felicidad, y combina la evolución del PBI de un país y su tasa de desempleo. Esas cifras suelen ser claves para la imagen del gobernante de turno y son una condición necesaria (pero no suficiente) para mantenerse en el poder.

Al fin y al cabo Mauricio Macri padeció y sucumbió por este indicador. Tres años de caída del PBI y un aumento de la pobreza de la mano de mayor inflación matan cualquier esperanza de cambio. Alberto Fernández también lo está sufriendo. La pandemia de coronavirus todavía es su paraguas, pero cada vez lo preserva menos.

La sociedad aprobó su preocupación inicial por la salud pública, pero ahora se escuchan más las voces de los que piden priorizar la economía, con la paradoja de que muchos de los que protestan pueden ser víctimas del virus. Critican la protección, aunque después puedan necesitarla. Este reclamo lo tomó la oposición, que se sumó a las marchas de descontento que se vivieron ayer, agitadas también por otras decisiones de gestión como la avanzada sobre el sistema judicial.

En este tránsito difícil está ahora el Gobierno, porque el mensaje que recibe en estos tiempos es básicamente un pedido para que cambie su orientación inicial, tanto en el plano sanitario como en el político o el económico. Cuando se habla de despejar la incertidumbre, la respuesta implícita es que eso sucederá si Ejecutivo cumple las condiciones que pone cada sector para entregar su confianza.

El problema mayor que tiene Alberto es que los que piden dar este paso no son sus votantes originales, con lo cual se preguntan si tienen que aceptar renegociar el contrato electoral por los cuestionamientos de un sector.

El FMI le aconsejó al Gobierno adoptar políticas que restablezcan la confianza, pero el Presidente no puede romper su coalición para conquistar la confianza ajena. Roberto Lavagna remarcó ayer, en forma acertada, que dar ese paso es desafiar la gobernabilidad. El Gobierno no necesita resetear su gestión, pero puede recalibrar su diagnóstico inicial y usar las herramientas de política (comunicación incluida) que le garanticen eficacia.

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