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El déficit energético, la punta del ovillo

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JULIO COBOS Diputado Nacional por Mendoza (UCR)

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Las variables económicas de nuestro país muestran una situación sumamente compleja y lamentablemente el gobierno no acierta ni en el diagnóstico ni en las medidas que adopta. El déficit energético es la punta de este ovillo y tal vez uno de los mayores desafíos a enfrentar en el 2015.

Hasta el 2010 Argentina tuvo una balanza energética positiva, es decir la relación entre exportaciones e importaciones era favorable para nuestro país; tal es así que cerró ese año con u$s 2.011 millones de dólares.

La desidia del gobierno, la falta de inversión en todo el sector pero fundamentalmente en exploración y la carencia absoluta de una planificación energética que diversifique la matriz impulsando energías alternativas; llevó al país a tener que importar gran cantidad de combustibles, fundamentalmente gasoil y gas.

En estos cuatro años perdimos la soberanía energética e importamos más de u$s 37 mil millones en combustibles y energía. En el 2011 el déficit fue de u$s 2.899 millones, el año siguiente de u$s 3.082 millones, en el 2013 de u$s 6.407 millones y en lo que va del presente año ya alcanza los u$s 4.400 millones. En conclusión, los errores de la administración provocaron que, de un superávit energético, pasamos a un déficit acumulado de más de u$s 16 mil millones.

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La Ley de leyes 2015 presentada esta semana por el Gobierno no deja de levantar polémica. Además de aumentar la discrecionalidad del Ejecutivo en la asignación del gasto público, las distorsiones del proyecto complican los planes empresarios y someten a las provincias. Un vacío que se suma al deterioro de las estadísticas oficiales y deja al país sin brújula.

Esto generó un grave problema porque necesitamos gran cantidad de dólares para enfrentar la compra de combustible y energía. Esa demanda de dólares afectó la balanza comercial del país y el gobierno aplicó una serie de medidas para intentar morigerar el impacto de la gran importación de combustible. Todas ellas fueron contraproducentes y generaron efectos negativos en la economía.

Comenzó con la restricción de importaciones, comprometiendo el mercado interno y la producción de productos con componentes extranjeros; luego la pesificación/devaluación, generando una multiplicidad de tipos de dólares y el surgimiento de un mercado marginal de divisas extranjeras; nuevos impuestos a la industria automotriz, afectándola directamente hasta casi paralizarla; mayor presión impositiva y barreras burocráticas que afectan a la ciudadanía y por supuesto, la inflación, que funciona como un impuesto y perjudica más a los que menos tienen. Las consecuencias que hoy vemos son muestras del fracaso de cada una de ellas; y como ejemplo recordemos que todo esto nos llevó el año pasado a una balanza comercial de u$s 7.022 millones, notablemente menor a los 11.600 del 2010.

Pero el problema se agrava aún más, porque no es sólo los dólares que se van, también los subsidios que cada vez son mayores en el sector energético, porque el costo del combustible importado es mucho mayor al producido en nuestro país. A las malas políticas adoptadas, el gobierno suma una mala administración de la calidad del gasto público.

En lo que va del año y respecto del mismo período del 2013, los subsidios a la energía crecieron un 86%, ascendiendo a la suma de $ 98.119 millones, cifra que supera ampliamente los $ 86.016 millones que ingresaron al país en el mismo período en derechos de importación y exportación –aglutinados en los recursos aduaneros–. Si vemos la totalidad de subsidios económicos (además de energía, los destinados al transporte y empresas del estado) vemos que la totalidad de lo recaudado en los recursos aduaneros no alcanzan a cubrir el 65% de los mismos.

La coyuntura obliga a avanzar en medidas que reviertan la gran brecha cambiaria, la cada vez más profunda pérdida de competitividad de las economías regionales, el estancamiento y la inflación; pero el tema energético debe ser abordado porque es la punta del ovillo de los problemas anteriores. Repensar la matriz energética con criterios de modernidad y sustentabilidad, requiere de un profundo diagnóstico, que permita planificar y adoptar políticas de largo plazo, que deberán tener continuidad a través de las diferentes gestiones.

Proponemos dar un fuerte impulso al desarrollo de la energía eólica en toda la Patagonia y sur de Buenos Aires; instalar plantas de generación eléctrica con paneles solares en el NOA y Cuyo, cumplimentando como objetivo para la próxima gestión la instalación de 2000 MW en energías alternativas sin emisiones de CO2. Además, impulsar los distintos proyectos hidroeléctricos pendientes como Chihuido en Neuquén, Los Blancos y Portezuelo del Viento en Mendoza y Garabí en Misiones, entre otras.

Desde el punto de vista del gas y petróleo, debemos favorecer el uso racional de energía, para ahorrar consumo, dando facilidades para la compra de vehículos de baja cilindrada y bajo consumo. Y favorecer y facilitar las inversiones internacionales no solo en Vaca Muerta y sistemas no convencionales, sino también en áreas subexploradas por métodos convencionales y hacer un esfuerzo en la exploración en la plataforma submarina, que en su momento prometió el gobierno utilizando ENARSA, pero nunca concretó.

Estos esfuerzos deben llevar a aumentar la potencia eléctrica instalada en 1200 MW por año para abastecer un crecimiento promedio razo nable del PBI y lograr desde el punto de vista del gas y petróleo, volver a ser un país exportador en el menor tiempo posible, lo cual, dada la situación actual nos llevará al menos una década.

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