Lunes  03 de Febrero de 2020

El castigo que reciben los porteños por no haber votado al kirchnerismo

La coparticipación que recibe la Ciudad es injusta e inequitativa, pero en su perjuicio. Todo lo contrario a lo que considera el gobierno nacional. 

El castigo que reciben los porteños por no haber votado al kirchnerismo

JORGE ENRÍQUEZ

Diputado nacional (Juntos por el Cambio)

Apenas había asumido su cargo, en un discurso en La Matanza, Cristina Kirchner cuestionó el porcentaje de coparticipación federal que recibe la Ciudad de Buenos Aires. Dijo que era profundamente injusta e inequitativa. Hace unas semanas, el Presidente anunció, en consonancia con esa política fijada por su vicepresidente, que recortará por decreto los fondos coparticipables que recibe la capital argentina.

Es cierto que la coparticipación que recibe la Ciudad es injusta e inequitativa, pero en su perjuicio. Es, junto con la que recibe la provincia de Buenos Aires, muy inferior a la que debería corresponderle por su aporte a la masa coparticipable. Mauricio Macri corrigió parcialmente esa inequidad, aumentando el coeficiente para el distrito porteño. No lo hizo caprichosamente, sino para que la Ciudad pudiera atender con recursos propios la transferencia de la policía local.

La decisión del presidente Alberto Fernández tiene un motivo bien claro: castigar a los porteños, que mayoritariamente, a lo largo del tiempo, han venido votando opciones políticas distintas del kirchnerismo. Ya Néstor Kirchner expresaba su desagrado con esa ciudad rebelde e instaba a los "capitalinos" (ni nuestro gentilicio usaba) a plegarse al resto de la Nación, es decir, a él mismo.

Agitan, además, una falsa dicotomía entre Buenos Aires y el interior. Esa sí fue una enorme grieta durante el siglo XIX, pero hoy es absurdo resucitarla. La reforma constitucional de 1994 le otorgó a la Ciudad de Buenos Aires, al incorporar el artículo 129, un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción.

Lejos de ponerla por encima de los demás habitantes de la Argentina, pretendió igualar a los porteños con ellos en sus derechos políticos. El proceso de la autonomía ha ido avanzando trabajosamente. Un hito importante fue la transferencia de la Policía. En materia jurisdiccional, resta mucho para completar ese camino. No hay razón constitucional alguna para que los fueros ordinarios, no federales, no pertenezcan al ámbito de la Ciudad, como pertenecen a todas las provincias.

Pero ese proceso requiere recursos. Por tal motivo, el constituyente de 1994 también previó en el artículo 75, inc. 2, cláusula quinta, de la Constitución Nacional: "No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la Ciudad de Buenos Aires, en su caso".

De ahí que el decreto que se anuncia sea groseramente inconstitucional. Si Fernández quiere que los recursos del gobierno porteño, como ya ocurre con los haberes de los jubilados, queden a la merced de su lapicera, pretende violar la Constitución.

La cláusula tercera del artículo citado determina que la distribución de la coparticipación entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires "se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional".

Es decir que la regla general es el criterio objetivo de reparto. Por cierto, no se trata de una distribución meramente matemática, porque ese criterio puede corregirse en parte por razones solidarias para beneficiar a otros distritos, pero el principio básico es la objetividad y no la arbitrariedad.

El discurso inaugural del Presidente alentó la esperanza de que el peronismo pudiera mitigar sus viejas mañas y que respetara a quienes, en el marco de la democracia, sostienen ideas distintas. La ilusión duró muy poco. El unanimismo de siempre prevalece. El diálogo solemnemente proclamado es una parodia. Al enemigo, ni justicia.

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