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El blanqueo anticipa la medida de la gobernabilidad

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ALEJANDRO COLLE Periodista y Economista

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El resultado del blanqueo de capitales aportará un dato clave a quienes esperan ver la consolidación del gobierno de Mauricio Macri para tomar decisiones de inversión.

No tanto por la cantidad de dinero y bienes que se exterioricen, sino por el formato que elegirán para hacerlo.

Se descuenta que el monto del blanqueo será importante. Y probablemente supere largamente los u$s 40.000 millones que Hacienda estima se blanquearán este año y los u$s 20.000 adicionales que calcula para 2017.

Según las cuentas de la AFIP, los dólares que los argentinos tienen en el exterior serían u$s 236.391 millones, medidos por el método de stocks que usan los organismos internacionales. De ese total, el director del organismo, Alberto Abad reconoció que solo están declarados unos u$s 30.000 millones.

La cifra resguardada podría ser aún mayor si se toma como válida la cuenta de la Task Justice Network, que por el método residual estimó hace un par de años que los capitales de argentinos fuera del país llegarían a u$s 373.912 millones.

Con estos datos que revelan el potencial exteriorizable, entre 3 y 6 veces más de lo esperado por Hacienda, es lícito pronosticar que, en cantidad, el blanqueo probablemente será exitoso. Sin embargo, la clave quizás no está tanto en el número sino en las razones por las que se producirán las adhesiones.

Concretamente, el punto a observar es si la exteriorización será en prevención de la inminente y gradual entrada en vigencia de los acuerdos de intercambio automático de información de cuentas financieras entre 101 países impulsado por la OCDE y al que adhirió Argentina en 2014 (no la Ley FATCA de EE.UU., que obliga a los países firmantes, entre los que no está la Argentina, a informar a ese país sobre cuentas de sus ciudadanos) o si responderá a la confianza en el Gobierno de Mauricio Macri.

Quizás una combinación de ambas, "la conjunción de dos circunstancias históricas", como prefieren decir, preventivamente, algunos macristas puros.

Una consulta entre los estudios contables que dominan el tema y fuentes del mercado financiero sugiere que hoy buena parte de los interesados estaría optando por pagar la penalidad de 10%, en detrimento de las otras opciones que les permiten evitar o acotar el castigo.

Si prevaleciera esta forma de exteriorización, dejando los fondos fuera del país, sería interpretado como un claro indicador de que el driver del blanqueo no habría sido la confianza en el país. Más bien respondería a la necesidad de evitar que los activos queden en una jaula de oro: de hecho, casi todos los bancos europeos están enviando a sus clientes un formulario de "tax compliance" para que lo devuelvan firmado. Una situación fiscal irregular podría complicar el futuro acceso a los fondos. Y la negativa a firmar implica la invitación a llevarse los capitales a otra parte.

En cambio, una exitosa suscripción de los bonos soberanos a 3 y 7 años o la inmovilización por un lustro en fondos comunes de inversión, estaría marcando la predisposición a resignar liquidez y asumir riesgo argentino, público y privado, por un periodo que va más allá del mandato del actual Gobierno.

Así, no parece tan importante enfocarse en el monto, ni en lo que pueda aportar la multa al fisco para atemperar un déficit que este año podría duplicar la meta de 4,8% que se fijó Hacienda, sacrificada en el altar de las elecciones de medio término, en las que el resultado de la renovación de 127 bancas en Diputados y 24 en Senadores determinará el futuro político del oficialismo.

Por encima de todos esos números está la señal política que antes de diciembre emanará del blanqueo. Si los fondos vuelven o quedan afuera. Algo así como el valor actual de la medida de la gobernabilidad que mostrarán dentro de un año las legislativas de 2017.

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