El abuso del gasto público que no se puede ajustar

El gobierno de Cambiemos critica a la oposición señalando que ésta no se da cuenta de que ya hubo en el país un "cambio cultural". Puede ser, veremos el año que viene, pero en algunas áreas parece que Cambiemos y toda la clase política argentina necesitan un cambio cultural. Esto es particularmente evidente en el caso del gasto público.

Los economistas pretenden tener un criterio "científico" para determinar qué funciones debe tomar el Estado a su cargo. Esencialmente, serían bienes y servicios que tienen carácter de "públicos", lo cual significa que cumplen con dos características: no exclusión y no rivalidad en el consumo. Según la primera, se trata de bienes o servicios de los que no se puede excluir a quienes no pagan, porque buscarían ser free riders o usuarios gratuitos; según la segunda tampoco vale la pena excluirlos porque el consumo de unos no reduce el consumo de otros.

Supuestamente estos criterios, presentados por Paul Samuelson, permitirían delimitar lo que el mercado puede hacer (bienes privados) y lo que queda en manos del Estado. Ese criterio es muy discutible. Otro premio Nobel, Ronald Coase, mostró que un ejemplo paradigmático de bien público, un faro, había sido provisto privadamente en Inglaterra por más de 400 años.

Hoy, además, el Estado argentino provee cantidad de bienes y servicios que ni se acercan a esta definición, ya que todos tienen capacidad de exclusión y consumo rival. Y no hay que ir tan lejos, en muchos casos es solamente cuestión de sentido común. Veamos algunos organismos de la Administración Nacional. Empecemos por los de menor importancia en cuanto al volumen del gasto.

El Ministerio de Cultura tiene varios institutos nacionales de investigaciones históricas; hay uno belgraniano, otro browniano, de Eva Perón, de Juan Manuel de Rosas, Newberiano, Sanmartiniano, Yrigoyeniano, uno de Juan D. Perón, una Biblioteca Mariano Moreno (así son sus nombres). Cada prócer o cada partido político tiene un instituto de estudios financiado con el dinero de todos. ¿Cumplen con el criterio de bien público? Claramente no, no solamente se puede excluir a quienes no pagan de sus servicios, sino que muchos de nosotros no tenemos ningún interés en pagarlos. Al menos, podrían fusionar a todos en un Instituto de Historia. Antes de que propongan la creación el Instituto Maradoniano.

El Ministerio de Defensa no solamente tiene una propiedad muy valiosa e inútil como Campo de Mayo sino que además posee participación mayoritaria en Tandanor, en la Fábrica de Aviones y una empresa de Construcción de Viviendas para la Armada. Nada que no pueda contratar en el mercado.

El Ministerio de Educación tiene la Radio de la Universidad Nacional del Litoral y el Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba. Todo bien, pero,, ¿por qué no regalarle esto a nuestros amigos del litoral y de Córdoba, si es que ellos quieren escucharlo?

La Presidencia de la Nación tiene bajo su órbita la Agencia Nacional de Discapacidad. Muy bueno, muy políticamente correcto. ¿Pero no tenemos, además, un Ministerio de Acción Social?

La Jefatura de Gabinete, tiene Télam. ¿Acaso necesitamos una agencia de noticias, cuando estamos abrumados ya de todo lo que podemos recibir de las radios, tvs e Internet? No necesitamos ni Radio y Televisión Argentina S.E., ni Télam, una agencia de noticias que encantaría a Goebbels. Si quieren promover contenidos locales podrían quedarse con Contenido Públicos S.E., no hace falta tener un canal de televisión que nadie ve y una agencia de noticias que no puede garantizar ninguna imparcialidad.

Ninguno de estos organismos, y sus supuestos "servicios", cumple con una definición precisa de bien público y de lo que supuestamente el Estado debería hacer. Y hay mucho más. No es solamente Télam o la televisión pública, es también la publicidad estatal. Escuchamos programas de radio con propagandas de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo. ¿Qué servicio no está dando eso a los contribuyentes? El verdadero cambio cultural debería terminar con toda publicidad oficial, más que nada porque es una amenaza a la libertad de prensa. Lo siento, estimados periodistas, ustedes tampoco deberían ser subsidiados.

Como puede verse, hay mucha tela para cortar aquí. Podrán ser montos menores, que no resuelven el problema del déficit fiscal, pero al menos serían señales de que el Estado y la política también se ajustan, no solamente el sector privado vía impuestos, y la población general vía inflación.