El Gobierno, frente al riesgo de designar otra procuradora militante

Mauricio Macri fue, desde antes de asumir la Presidencia, un crítico acérrimo de la gestión de Alejandra Gils Carbó en la Procuración General. La tildó decenas de veces de "procuradora militante", aludiendo a un vínculo ideológico de la jefa de fiscales con el kirchnerismo, Ejecutivo que elevó su candidatura al cargo a mediados de 2012. Creyó sencilla el Gobierno la renuncia de Gils Carbó después del 10 de diciembre de 2015, pero le costó dos años exactos lograr el propósito, acusaciones en Comodoro Py mediante, que la Justicia deberá comprobar si son ciertas.

Desde allí, en el último trimestre, la figura del procurador pasó a ser casi decorativa. Actualmente desempeña el puesto de manera interina Eduardo Casal, que ocupa ese cargo ante la Corte Suprema y, como en toda transición, no tuvo demasiado margen para trabajar. El Ejecutivo analizó varios candidatos en estos meses, pero ninguno terminó de convencer a Macri, que siempre habló de la necesidad de designar a una figura de la que no se sospechara acerca de simpatías políticas, y que además tuviera respaldo del mundo académico y una trayectoria intachable.

Se descartó al grupo de fiscales que impulsaron las marchas en reclamo de Justicia por la muerte de Alberto Nisman, como Ricardo Sáenz y Germán Moldes, así como también del elegido de Elisa Carrió, José María Campagnoli, némesis de Gils Carbó, que empezó a debilitar su gestión en 2014 después de apadrinar, sin éxito, un controvertido juicio en contra de uno de los fiscales que trabajaban bajo la órbita de la Procuración. Por decantación, casi, Macri terminó eligiendo a la candidata que siempre más le gustó: Inés Weinberg de Roca. Ayer lo confirmó en una extensa entrevista televisva que brindó en la residencia de Olivos.

La historia parece volver a repetirse, y seguramente en las próximas semanas los medios la revivirán. Hace cinco años, el entonces jefe de Gobierno porteño se inclinó por la misma mujer para ocupar un cargo vacante en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Cuenta la historia, que nunca tuvo crédito de parte del Presidente, que se conocieron en el mismo gimnasio de Avenida Libertador en el que Macri se enamoró perdidamente de su actual esposa Juliana Awada.

En ese momento, Weinberg de Roca se desempeñaba como camarista del fuero Contencioso Administrativo porteño y tenía como antecedentes más importantes haber integrado el Tribunal Criminal Internacional en Ruanda y en la ex Yugoslavia entre 2003 y 2008. Además, en el plano local, fue jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario entre 2000 y 2003 y jueza nacional de primera instancia en lo Civil entre 1993 y 2000.

Conocida en el ámbito judicial, hay quienes la cuestionan por no haber firmado ningún fallo trascendente en contra del gobierno porteño. Pero también, en medio de una puja creciente entre el Gobierno y la Justicia, hay quienes creen que su candidatura apunta a reducir el poder de los magistrados, ya que el Gobierno impulsa una reforma del Código Procesal Penal, que con el pase al sistema acusatorio le otorgará más poder a los fiscales en las investigaciones, en detrimento de los jueces. Debe ser sancionada por el Congreso, mismo ámbito en el que se deberá validar a la jueza y, también, donde el Ejecutivo intenta -sin éxito por ahora- reformar la Ley del Ministerio Público Fiscal. La duda pasa por saber por cuál de estos últimos dos puntos buscará resolver antes.

El desafío Weinberg de Roca parece ser de difícil aprobación para el oficialismo. No serán pocos los opositores que le recuerden, además, el pasado como funcionario de su esposo, Eduardo Roca, que fue embajador argentino ante la OEA en 1966, ante EE.UU. en 1968, durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, y ante la ONU en 1982, en la presidencia de Leopoldo Galtieri, en plena Guerra de Malvinas.

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