Contáctenos

A través de este formulario podrá dejarnos sus comentarios, sugerencias o inquietudes.

Dirigido a:

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar

Reportar Comentario

Estas reportando este comentario a la redacción de El Cronista.

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar

Recomendar Nota

A través de este formulario podrá recomendar la noticia que esta leyendo.

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar
U$D
/
MERVAL

Desempleados, subempleados, jóvenes y mayores de 45 años, prioridad

Imagen de JULIÁN A. DE DIEGO

JULIÁN A. DE DIEGO Profesor Titular Derecho delTrabajo y Director del Posgrado RRHH en la UCA

0
Desempleados, subempleados, jóvenes y mayores de 45 años, prioridad

Más del 40% de trabajo en general se encuentra no registrado o ‘en negro’, y supera el 60% en jóvenes menores de 24 años, tanto en la actividad privada como en el empleo público. Tenemos además el 20% de desempleados en jóvenes y en mayores de 50 años, el doble que el promedio general, (Generación V ‘vulnerables’), y alrededor del 15% de excluidos (Generación E ‘excluidos’) sin ninguna oportunidad de trabajo sustentable, son algunos de los datos que reflejan los desafíos que debe enfrentar el Gobierno Nacional.

La problemática de la deserción escolar y el analfabetismo es directamente proporcional con los grupos de mayor dificultad para insertarse en el mercado laboral, como lo es con el avance de la drogadicción y la delincuencia en general.

Según el Ministerio de Trabajo, en grandes números, tenemos 10.000.000 de trabajadores dentro del sistema que hay que mantener dentro del mismo, y 10.000.000 con problemas de trabajo de diversa índole que hay que incorporar a la formalidad y a la estabilidad, (Miguel Ángel Punte, José Anchorena). Por ejemplo, en el trabajo rural tenemos provincias con informalidad superior al 60%, y en promedio es superior al 44%. El servicio doméstico que representa 1.400.000 trabajadoras, solo el 35% se encuentra registrado.

Los excluidos, los marginales, los indigentes y los pobres atraviesan demasiadas vicisitudes como para preservar la escolaridad, si no cuentan con el apoyo social del Estado. Resulta claro que los planes sociales, el de Asignación Universal por ejemplo, que exige escolaridad y vacunación, no se cumple ya que la deserción escolar aumentó significativamente, y más del 80 % de los excluidos abandonaron la escuela primaria.

En el plano positivo, debemos tener en cuenta que el 80% de los contratados sin escolaridad por unas 4000 empresas que adhirieron al sistema de integración laboral, dos tercios terminaron la escuela primaria, y adquirieron capacitación inicial para un trabajo con futuro que puede ser sustentable en el tiempo. Este tipo de iniciativa debería potenciarse porque en la actualidad alcanza a pocos beneficiarios.

Los proyectos promovidos por Miguel Ángel Punte, Secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo, deberían tener máxima prioridad. Es cierto que la ley no genera por sí empleo, pero en momentos como los actuales, es fundamental que se facilite la colocación de nuevos trabajadores, para crear junto a las inversiones y la caída de la inflación, la mayor cantidad de puestos genuinos de trabajo. La sustitución de los regímenes promocionales de la Ley 25.877, como la prevista para empresas de menos de 80 trabajadores que creen nuevos empleos (reducción de contribuciones patronales) es imprescindible que sea reemplazado por una batería orgánica y sistemática de herramientas de convergencia estratégica.

En los hechos, se debe apuntar no tanto al tamaño de las empresas, sin perjuicio de incluir mecanismos especiales para pequeños establecimientos, para emprendimientos individuales en su etapa inicial, y para empresas con proyectos especiales, sino a la inclusión de nuevos trabajadores, generando incentivos para los que incorporen a los grupos sociales postergados, marginales o excluidos, y que requieran de un apoyo especial en prácticas de empresa previos a la incorporación como trabajadores formales.

Es por eso que en el debate sobre las empresas beneficiadas por los incentivos, lo importante es el proceso de incorporación de desocupados y no registrados se debe premiar, con prescindencia de la dimensión de la empleadora.

Los incentivos deben ser acordes con el esfuerzo y el costo que debe asumirse cuando se incorporan los nuevos aspirantes, y en la medida que dichas incorporaciones sean de mediano o de largo plazo.

También se debe reformular totalmente el seguro de desempleo cuyos recaudos y condiciones genera limitaciones, y por ende el beneficio llega a un grupo muy reducido de beneficiarios para estos momentos.

Esta es una etapa clave del Gobierno Nacional donde todos los procesos deben focalizarse en la regeneración del empleo decente, y en la necesidad de brindar diversidad y multiplicidad de oportunidades a todos los que aspiran a un trabajo digno.