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Degradar el Ministerio de Trabajo es degradar la democracia

CARLOS TOMADA Director de CETyD. Exministro de Trabajo de la Nación

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Degradar el Ministerio de Trabajo es degradar la democracia

Desde un principio intuí que se aproximaba la decisión de degradar administrativamente el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Duele, pero no sorprende. La autoridad administrativa del trabajo es el brazo del Estado que tiene por principal objetivo la protección del trabajo, de los derechos laborales, de la seguridad social. Es el puntal de la promoción del empleo decente. Es el continente de encuentro de la institucionalidad laboral en nuestro país, de las organizaciones de trabajadores -cualquiera sea su índole- y de las representaciones empresarias, cualesquiera sean sus intereses. Es el responsable de administrar la conflictividad laboral con una perspectiva democrática. Es un ámbito promotor de la negociación colectiva y del diálogo social, o no es nada.

El lugar que ocupa el Ministerio de Trabajo en un determinado Estado, explica en cierta medida cuál es el rol del Estado en un determinado país. Degradar al Ministerio de Trabajo es degradar al trabajo, y también es intentar degradar la democracia. Más aún en la Argentina.

Cuando señalábamos que este gobierno, alejado de toda modernidad, venía a intentar una regresión radicalizada, que quería llevar la relación capital-trabajo en la Argentina a los albores del siglo XX y que el salario de los trabajadores de nuestro país se había convertido en un objetivo estratégico a reducir. También estábamos convencidos que existía una sociedad movilizada y consciente de sus derechos, dispuesta a defenderlos. Todo eso se confirmó. Creo que quienes hoy intentan conducir a la Argentina también están convencidos de esto. Por eso, se necesitan metáforas meteorológicas para hablar de la fuga planificada de divisas o eufemismos tales como "austeridad y sacrificio" para sentenciar el achicamiento del estado y la eliminación de derechos. Porque la memoria de la ciudadanía está activa.

Mientras este gobierno habla de futuro, se está refiriendo conscientemente a un pasado muy remoto. El pasado de una argentina agroexportadora, pre industrial, pre salarial, jerárquica. Imaginan, o mejor dicho rememoran, un país donde no existían los sindicatos y las elecciones podían ser manipuladas por algunas familias. Junto con otros ministerios que pierden su rango, Trabajo vuelve al status que tenía antes de 1943, cuando el Departamento Nacional de Trabajo fue convertido en Secretaría, pero dependía directamente del Presidente, cual un ministerio. Otros dos hitos marcan el origen de esta degradación: durante el gobierno condicionado de José María Guido, Álvaro Alsogaray fue titular del Consejo Interministerial de Trabajo, Economía y Servicios, y durante el gobierno de facto de Onganía, Adalbert Krieger Vasena estuvo a cargo del Ministerio de Economía y Trabajo.

Hace dos años el Consejo del Salario Mínimo se reúne sin alcanzar acuerdos sectoriales que permitan concertar una referencia ineludible que significa tanto un piso para el conjunto de los trabajadores como un indicador de previsibilidad para los empresarios. La Paritaria Nacional Docente fue abandonada. Los decretos y el autoritarismo barrieron con el diálogo social. El desprecio por los mecanismos institucionales y los ámbitos de concertación social anticipó esta decisión. Su primera consecuencia es profundamente simbólica, pero cristaliza una política en ejecución desde diciembre de 2015. El ajuste y la "austeridad" son direccionados contra lo que consideran "gasto", y nosotros -y la Constitución- entendemos como un objetivo principalísimo de la existencia misma del estado: la protección social. Y veremos mayores embates.

Las competencias, funciones y propósitos de la autoridad administrativa del trabajo son el resultado de un conjunto de instituciones reguladas en nuestro derecho interno, pero también forman parte de un sistema de normas de orden supranacional. Algunas de ellas tienen fundamento en Convenios de la OIT ratificados por la Argentina y tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.

Son las políticas de protección del empleo, de formación profesional, de capacitación y promoción del trabajo registrado las que impiden que la violencia de la desregulación financiera repercutan agresivamente sobre la vida social ¿Qué sentido tendrá la degradación de un conjunto de instrumentos democráticos de regulación del conflicto social en el preciso instante en que las políticas económicas golpean sobre los ingresos de los trabajadores y agitan el humor de la sociedad?. Porque se irán desjerarquizando los programas que se ocupaban de la igualdad de oportunidades, del trabajo infantil, de la violencia laboral, la diversidad sexual en el trabajo y las adicciones en el ámbito laboral. Todas nuevas problemáticas que contaban con recursos y personal capacitado.

Se trata de una decisión que nos avergüenza como país ante el mundo, ante otros estados, ante organismos internacionales. Una decisión de la que deberán hacerse cargo quienes la toman, pero que nos avergüenza a todos. Posee tal carga política que de algún modo facilita la tarea a los que vendrán. Ahorrará explicaciones sobre qué políticas se adoptarán a quienes más temprano que tarde, vuelvan a convertir a Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en un Ministerio.

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Comentarios1
Leo Galoppo
Leo Galoppo 14/09/2018 12:37:44

Si no pensamos en un nuevo modelo del concepto "trabajo", sin ministerios que lo compliquen, el desempleo y el mal empleo crecerán significativamente. El mundo esta cambiando aceleradamente, dejen actuar al emprendedor y creceremos como país.