Decreto 1053: un problema para las productoras de gas y para el Estado

En el medio de la pandemia del coronavirus, las productoras de gas están concentradas en otro problema: la posible baja del decreto 1053 publicado en noviembre de 2018 que estableció que las empresas iban a ser compensadas en 30 cuotas por la devaluación de ese año para evitar que transfirieran el costo a la factura de los usuarios. Dicho decreto modificó en su momento el Presupuesto General de la Administración. La deuda que el Estado acumuló con las empresas llega a los $ 24.500 millones.

Pero si bien el problema que originó la deuda con las productoras fue la devaluación, la posible invalidez del decreto puede, además de ocasionar ruido en el mercado, ser una suerte de boomerang para el Estado. Es decir, lo que se puede ahorrar el Estado por no pagar las cuotas (hasta ahora durante el gobierno de Mauricio Macri se pagó una sola, y durante la administración de Alberto Fernández, ninguna) le puede ocasionar al fisco erogaciones millonarias por futuros juicios.

Hay más: el principal acreedor es el propio Estado, porque entre YPF y Enarsa concentran el 65% del dinero adeudado, unos $ 16.000 millones. El resto de la deuda se reparte entre más de 10 empresas privadas, entre las que figuran Pampa, Total, Vista, PAE, Pluspetrol, CGC, Tecpetrol y Wintershall.

Estas empresas renunciaron a sus reclamos con el fin de adherirse al régimen vigente creado por el decreto y que obligó a las partes a cumplirlo, incluido el Estado.

También las empresas argumentan que la deuda del Estado fue reconocida y comenzó a pagarse (una de las 30 cuotas establecidas). Las principales cámaras del sector le informaron por carta al ministro de Desarrollo y Producción, Matías Kulfas, sobre el impacto negativo en la ejecución de inversiones debido al incumplimiento del cronograma de pagos aprobado. De hecho, la primera de esas 30 cuotas se pagó en octubre de 2019, situación que implica un atraso de nueve meses al día de hoy.

Pero por otro lado, si el decreto 1053 finalmente se da de baja, el mercado casi con seguridad tendrá una señal contradictoria y negativa ya que, además de generar un cambio en las reglas de juego (más allá de que lo resuelva el Congreso) genera un desincentivo para las mismas empresas con las que el Estado tiene que volver a negociar para que los usuarios y las empresas tengan el gas suficiente. Porque si bien es cierto que el Estado puede importar gas, también es cierto que a los productores y las distribuidoras les paga en pesos y el gas importado se paga en dólares.

Está claro que se está ante un problema difícil de resolver. Aumentar las tarifas en el medio del contexto de la pandemia no parece una tarea sencilla. Pero hoy no se discute un aumento de tarifas, lo que está en disputa es si la baja el decreto 1053 le va a traer beneficios al Estado.

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