De esto no se habla cuando se discuten tarifas

Mientras socios del oficialismo y detractores coreaban contra el último tramo de la serie de aumentos de tarifas energéticas, el Gobierno no sólo ratificó los precios cuestionados. También siguió alistando su plan para expandir la infraestructura energética con fondos privados pero garantía estatal y repago a través de futuras facturas de luz. Set de cuestiones claves pero ajenas al debate público.

Objetar la envergadura de las tarifas de luz y gas supone postular quién tiene que pagar lo que esas cosas cuestan, por qué tienen el valor que tienen y cómo hay que financiar las inversiones. Mix complejo para consignas de coyuntura.

Muchas de estas cosas se ventilaron en las tediosas audiencias públicas que sirvieron para avalar los esquemas tarifarios legitimados y hoy vigentes. Las subas no son una sorpresa ni una arbitrariedad, aunque golpeen genuina y particularmente la economía de los usuarios domiciliarios, pequeños comercios y pymes. 

Esto no significa que la estrategia oficial sea inobjetable sino que cuando los planteos son superficiales pueden servir sólo para mantener el statu quo.

En las revisiones tarifarias sometidas a audiencias públicas quedó firme, por ejemplo, un sendero de precios crecientes para el gas boca de pozo, algo que también encarece la producción de electricidad que lo utiliza como insumo. Esos valores en alza también llevan implícito un subsidio de consumidores o del propio Estado, a través de planes estímulo a los productores para que superen la pereza inversora. 

El gas caro es un capítulo también polémico del modelo y se funda en un concepto en parte compartido con el kirchnerismo, promotor del plan para subvencionar a las petroleras, reformulado por el macrismo. Aquí algo singular.

Cristina Fernández de Kirchner presentó un proyecto para retrotraer los precios de los servicios públicos (también el agua) al primer día del año pasado, incluyendo el del gas mayorista. La ex presidente sí tuvo el tino de poner el ojo allí, provocando un golpe de adrenalina en las petroleras que leyeron la iniciativa y están invirtiendo sobre las promesas de precios ascendentes y subsidiados.

Por ahora a resguardo de los medios, Energía alista la primera licitación para nuevas líneas de alta tensión a través del Programa de Participación Público Privado. Es la herramienta estrella del Gobierno para fortalecer la infraestructura sin desembolsos inmediatos, aunque no por ello deja de comprometer al erario.

La línea de ultra alta tensión que unirá Río de Diamante (Mendoza) con Charlone (noroeste de Buenos Aires) tendrá una traza de 500 kilómetros y costo estimado en 600 millones de dólares. La empresa que gane la licitación dispondrá de 33 meses para concluir la obra y luego comenzará a cobrar 120 cuotas mensuales un canon que pagarán todos los usuarios eléctricos del país con una porción de su tarifa. 

Pero si por alguna razón los fondos de la ‘cuenta de reserva’ no fueran suficientes, el Estado aportará la diferencia. Apenas un ejemplo de cuestiones hoy ajenas al debate pero que forman parte de la compleja arquitectura de precios plasmados en las boletas.

En cualquier caso, éstas seguirán subiendo después de la actual recomposición gruesa de valores (‘sinceramiento’) en la medida que lo hagan los costos de los servicios, según actualizaciones pactadas y con distinto impacto según las categorías de usuarios definidas hace ya unos años. Estos puntos tampoco deberían soslayarse si se quiere revisar profundamente la política tarifaria.

La licitación de nuevas líneas de transporte plasma la idea oficial de que las empresas privadas deben financiar la infraestructura energética, aunque finalmente ésta será pagada por los usuarios. Estos mismos bolsillos son los que deben afrontar los costos operativos del servicio. Acá el corazón del modelo energético macrista.

Quienes bregan con un congelamiento sin más postulan implícitamente que esa carga sea transferida al Estado, es decir, a todos los contribuyentes, disociando su aporte de lo que efectivamente consume de luz y de gas. Pero no está explicitado de esa forma.

El costo mayorista de la electricidad también es resistido con fuerza por algunas provincias, muchas dueñas de las distribuidoras eléctricas. Estas acusan dificultades para pagar su insumo y también presionan a Energía con propuestas que van desde el congelamiento de los precios a la emisión de bonos para cancelar las deudas con la Compañía Administradora del Sistema Mayorista Eléctrico (Cammesa).

Defender el esquema energético es tan complejo como confrontarlo con argumentos que vayan al fondo. Para el Gobierno este momento fue como una ilusión óptica en el desierto. Empezaba a paladear la etapa de tarifas sinceradas, sin conflictos y con prometidas inversiones cuando se topó con una previsible aunque no prevista resistencia. Y el manantial devino en pura arena.

 

 

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