Crece la presión internacional sobre Maduro, pero harán falta soluciones concretas

Una de las preocupaciones políticas que rodean la crítica situación en Venezuela es cómo deben actuar el resto de los países o, en concreto, cuál sería el mejor camino para lograr que la presión internacional tenga un resultado efectivo, que ayude a rencauzar el conflicto y garantizar alguna tregua institucional.

Mientras las posibilidades de una mediación política parecen estancadas, los bloques regionales y los países que se sienten afectados por la situación –o potencialmente afectados- han echado sobre la mesa un menú de sanciones aplicables, algunas de las cuales ya están en plena vigencia, en el intento por acorralar al régimen de Nicolás Maduro.

Donald Trump se ha mostrado activo sobre el tema y los Estados Unidos impusieron ya sanciones financieras a miembros del gobierno venezolano. Pero aún se mantiene en suspenso la posibilidad de apelar a la medida con impacto económico más fuerte: prohibir la importación de crudo desde Venezuela o bloquear la exportación de combustibles refinados hacia ese país. La explotación del petróleo es el nervio sensible de la economía de Maduro.

La duda de varios analistas y diplomáticos es que una sanción de ese tipo termine convirtiéndose en boomerang, por el efecto negativo sobre el bolsillo y el abastecimiento del ya castigado pueblo venezolano, lo cual podría derivar en un fortalecimiento político –y aún más radicalización- del régimen chavista. Está a mano el recuerdo del cuestionado bloqueo a Cuba y el ejemplo no resulta extraño a la actual situación, dada la vinculación de la isla con el gobierno de Maduro.

Nicolás Maduro

Según alertó hoy el diario Financial Times, un bloqueo de ese tipo podría provocar un default de los bonos soberanos de Venezuela por u$s 70.000 millones.

Tras las condenas internacionales por la violación de derechos humanos, España comenzó a promover en el marco de la Unión Europea sanciones selectivas “contra los responsables de la situación en Venezuela.

El Mercosur, en tanto, convocó para este sábado a una cumbre urgente de cancilleres para avanzar en la posibilidad de aplicación de la claúsula democrática, que significaría la expulsión de todo miembro del bloque en el que se quiebre el orden institucional. La medida está contenida en el Protocolo de Ushuaia, firmado en 1998 por los cuatro países miembros más Chile y Bolivia como asociados, el cual también prevé la posibilidad de sanciones comerciales y cierre de fronteras.

El Mercosur viene de protagonizar una cumbre en Mendoza, el mes pasado, en el que hubo desencuentros a la hora de firmar una condena dura contra la convocatoria de Maduro a la Asamblea Constituyente, promovida especialmente por Argentina. Tras la reticencia de Uruguay, terminó en un documento versión light. pero la denuncia de un fraude electoral en el comicio de la Constituyente aceleró hoy la nueva convocatoria.

La OEA, por su parte, encontró escollos hasta ahora para imponer la suspensión de Venezuela en el organismo continental.

Pedido desde Cambiemos

En las últimas horas ha surgido además una nueva alternativa. Diputados de Cambiemos solicitaron a la cancillería argentina que tramite un pedido de intervención al Consejo de Seguridad de la ONU, para que envíe una misión "para la observancia de la protección integral de las personas, los derechos humanos y del derecho internacional humanitario". Según la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo es órgano encargado de determinar si existe una amenaza a la paz o seguridad internacional, y ante ello puede gestionar una solución, hacer recomendaciones, o hasta intervenir en el conflicto.

El camino dependerá, claramente, de cómo se desenvuelva la crisis en las próximas horas. Un agravamiento seguramente despertará nuevas condenas internacionales. Pero parece existir la certeza de que cualquier tipo de sanción aplicable, desde su escala más selectiva hasta un aislamiento más extremo, deberá tener como correlato alguna mediación política para ser efectiva y que el régimen de Maduro -o al menos un sector de él- acepte una salida institucional, con el consiguiente alivio humanitario para Venezuela.

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