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Corte: el modelo Río Negro en la legitimación de la mujer

El Decreto 222 del 2003 estableció que al momento de considerar cada propuesta de candidatos a ocupar cargos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se tenga presente la composición general para posibilitar la inclusión de nuevos miembros que permita reflejar la diversidad de género. Este es un antecedente importante en el reconocimiento de la igualdad de género en los poderes del Estado, en este caso el Poder judicial.
Actualmente, solo el 29% de la Justicia es ocupado por mujeres y, desde la creación de la Corte en 1863, solo hubo tres juezas.
Los pliegos de los candidatos Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti para ocupar vacantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación serán considerados por el Senado esta semana. La aprobación requiere de dos tercios de los integrantes de la cámara. Varias fuerzas políticas y organizaciones de derechos humanos se pronunciaron a favor de incorporar una cantidad proporcional de mujeres en el alto Máximo Tribunal, respetando así los compromisos asumidos por nuestro país ante organismos internacionales y expresados en el decreto que mencioné en el inicio.
La designación de dos juezas, la Dra. Argibay Molina y la Dra. Highton de Nolasco, representaron un reconocimiento a las mujeres en cargos públicos de gran trascendencia y gracias a ello, se tomaron medidas importantes en relación a la cuestión de género. Pero actualmente, de aprobarse la designación de los dos candidatos varones, la participación de la mujer queda en seria desventaja.
La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) afirma que los Estados tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizando en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a "participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas; ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gu bernamentales".
Resulta trascendente seguir reclamando por la igualdad de condiciones de las mujeres en los cargos públicos, por ello presenté un proyecto de ley en el Senado que establece que la conformación de la Corte deberá respetar el principio de equivalencia de género.
Se espera que se apruebe la propuesta de tratar este proyecto en la sesión próxima, de modo de garantizar que en el próximo tribunal cuya integración se pretende completar, se cumpla con el principio de igualdad de género.
Es mi intención que este principio sea incorporado como lo fue en la Ley Orgánica del Poder Judicial de Río Negro.
La participación de la mujer en los ámbitos estatales es importante para fortalecer el debate democrático y plural. Lo es para resistir los estereotipos sociales estructurados en la sociedad, pero además, para legitimar a la mujer como ciudadana y como sujeto político.

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