Coronavirus, el sistema de riesgos del trabajo y un mundo laboral dividido en dos

En la Argentina hay un listado de enfermedades laborales, entre las que no está el coronavirus. Pero la normativa también permite, bajo ciertas condiciones, considerar como tales a dolencias que no figuran en la lista.  

La noción de enfermedad profesional se origina en la necesidad de distinguir las enfermedades que afectan al conjunto de la población de aquellas que son el resultado directo del trabajo que realiza una persona, porque generan derechos y responsabilidades diferentes que las primeras.

El concepto es claro, las enfermedades inculpables serán cubiertas por las obras sociales, prepagas o el Estado y las enfermedades profesionales serán cubiertas y de corresponder indemnizadas por el Sistema de Riesgos del Trabajo.

Para nuestro sistema, una enfermedad es profesional cuando se encuentra contemplada en el Listado de Enfermedades Profesionales elaborado por el poder ejecutivo y que está comprendido en el dto. 658/96 reglamentario e la 24557.

Mucho se ha criticado la adopción de un Listado de Enfermedades, y no es el momento para seguir con esa discusión, ya que en todo caso, aun desactualizado, nuestro listado cumple con las recomendaciones de la OIT en la materia (MERNAD/1994/2-OIT)

Desde esta perspectiva, el Covid-19 no sería una enfermedad profesional.

Pero además del listado, nuestro sistema incluye además puntos abiertos. Los puntos abiertos permiten el reconocimiento del origen profesional de enfermedades que no figuran en la lista siempre y cuando se haya establecido un vínculo entre la exposición a los factores de riesgo que resulte de la actividad laboral y las enfermedades contraídas por el trabajador.

Los criterios utilizados para decidir qué enfermedades han de ser consideradas a pesar de no encontrarse en el listado incluyen: que exista una relación causal entre la enfermedad y un agente, una exposición o un proceso de trabajo específicos; que la enfermedad ocurra en relación con el ambiente de trabajo y/o en ocupaciones específicas; que la enfermedad tenga lugar entre grupos de trabajadores afectados con una frecuencia que excede la incidencia media en el resto de la población; y que haya evidencia científica de un patrón bien definido de la enfermedad tras la exposición y verosimilitud de la causa.

El mundo del trabajo, dividido en dos

El Decreto 297/2020 establece para todas las personas que habitan en el país la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio , en el que las personas deberán permanecer en sus residencias habituales debiendo abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello con el fin de prevenir la circulación y el contagio del coronavirus.

Dice también el mencionado decreto que quedan exceptuadas del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular, las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, según se detalla.

Entonces, desde la entrada en vigencia del decreto, el mundo del trabajo queda dividido en dos: los trabajadores que deben quedarse en su casa y aquellos que por virtud de lo esencial de su trabajo deben seguir prestando servicios.

Es decir, que en esta grave situación de pandemia, hay trabajadores que quedan protegidos en sus hogares y otros que por la naturaleza esencial de sus servicios se encuentran claramente expuestos a un mayor riesgo de infectarse por coronavirus y en caso de contraer la enfermedad, esta deberá ser reconocida como enfermedad profesional.

Por supuesto que una vez terminado el aislamiento social obligatorio, el argumento se diluye, en tanto que todos estaríamos expuestos de igual manera salvo, claro está, el personal de la salud.

Hay quienes en estos momentos, le están solicitando al Poder Ejecutivo un DNU que modifique el listado de enfermedades profesionales e incluya al coronavirus en aras de una garantía para los trabajadores ante un posible desentendimiento de las Aseguradoras al momento de brindar atención y eventualmente indemnizar.

Dicha modificación no es necesaria, el sistema ya tiene previsto el mecanismo para el reconocimiento del COVID-19 en cada caso puntual, el cual no queda nunca a merced de lo que decidan las Aseguradoras, sino que son las Comisiones Médicas de la SRT las encargadas de determinar este carácter laboral, queda como ejemplo cercano la pandemia del año 2009 por el virus N1H1 (gripe A) donde se registraron 12477 casos confirmados y 685 fallecidos en el país, todos los casos que fueron presentados ante las comisiones médicas reclamando el origen laboral de la enfermedad fueron dictaminados favorablemente al trabajador.

Hoy los esfuerzos deben ir en el sentido de la prevención de la propagación del virus para así detener la pandemia, la cuestión de quien paga o quien indemniza se puede posponer, y el sistema de riesgos del trabajo deberá estar presente.

En tiempos de emergencia y donde se dificulta el poder pagar salarios, es muy tentador derivar ello en otro, en este caso el sistema de riesgos del trabajo, pero a cada quien lo que le corresponde, no sea cuestión que nos quedemos sin sistema.

Tags relacionados

Más de Columnistas