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Contratos asociativos (joint ventures locales)

El Código Civil y Comercial de la Nación (el CCyC), ha incorporado en forma metodológicamente novedosa a su estructura de contenidos, a los denominados ‘contratos asociativos’, como otro de los vehículos con los que las empresas o emprendedores locales y del exterior cuentan para diseñar una ‘asociación estratégica’ -en esencia-transitoria. Estos productos habían sido originalmente tipificados por la ley de sociedades comerciales (hoy ley general de sociedades), y leyes especiales.
Este formato permite a sus participantes crear una ‘organización común’ sin personalidad jurídica propia -ni asimilable a un condominio-, evitando así el riesgo de ser ‘confundida’ con cualquiera de las personas jurídicas privadas reconocidas por el CCyC, resultándoles inaplicable la legislación falencial.
El CCyC ha regulado cuatro tipos de contratos asociativos: el negocio en participación; la agrupación de colaboración; la unión transitoria; y el consorcio de cooperación, respectivamente, pero también ha conferido un amplio ejercicio de la autonomía de la voluntad, para poder celebrarlos con otros contenidos que los de los previamente identificados.
El negocio en participación se caracteriza por estructurar una o más operaciones determinadas, a cumplirse mediante aportes comunes, a nombre personal de un gestor, quien actúa -ante terceros- por cuenta de los partícipes o ‘partes ocultas’, en tanto no exterioricen la apariencia de una actuación común. En consecuencia, crea una relación contractual ‘interna’, válida y vinculante exclusivamente entre ellos.
La agrupación de colaboración tiene por objeto establecer una organización común para facilitar o desarrollar determinadas fases de la actividad de sus miembros, o para incrementar sus resultados. No puede perseguir un fin de lucro, sino que procura una mejora en la ‘funcionalidad interna’ de sus integrantes, carecen de actuación externa, y la responsabilidad que asumen sus partes, es solidaria e ilimitada.
Se distingue del consorcio de cooperación, en que si bien ambos instrumentan una actividad esencialmente mutualista, en este último formato, prevalece el propósito de lucro y una actuación externa.
La finalidad de una unión transitoria reside en el desarrollo o ejecución de una obra, servicio o suministro concreto, dentro o fuera de nuestro país. Se destaca por la ‘no solidaridad’ en la responsabilidad asumida por sus miembros por las obligaciones contraídas ante terceros, excepto disposición en contrario del contrato.
Desde un punto de vista contable, estos contratos han sido calificados como sujetos obligados a llevar contabilidad o ‘entes contables’, debiendo sus administradores cumplir con su obligación de rendir cuentas, mediante la confección de sus estados contables, sobre la base de la regulación de cada uno de los precitados formatos.
Destacamos como positivo el reconocimiento por parte del CCyC de esta forma de organización de negocios ‘flexible’, concertada entre partes independientes, quienes no pierden su individualidad, pensada como una alternativa a las sociedades y a los fideicomisos, y cuya elaboración requerirá ser ‘a medida’ de las necesidades de una proyectada alianza de empresas o joint venture, regida por nuestra legislación.

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