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Conflictos de intereses en la tarifa del gas

DIEGO BONDOREVSKY Investigador principal de CIPPEC

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Conflictos de intereses en la tarifa del gas

Por disposición de la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno nacional someterá a audiencia pública su propuesta de aumento del precio mayorista de gas natural. La decisión final sobre esta tarifa tiene un carácter trascendental para la economía. El impacto será de primer orden en los ingresos de los hogares, en la competitividad de la economía (más de 50% de la matriz energética está basada en el gas natural), en el potencial desarrollo de Vaca Muerta, y en el nivel de subsidios que el gobierno espera ahorrar.

La producción y comercialización de gas natural son consideradas actividades desreguladas y sujetas a competencia por la ley 17.319. Sin embargo, desde 2002 han estado bajo una fuerte intervención estatal. Primero ‘pesificado’, luego parcialmente liberado para algunas categorías de usuarios, el precio promedio recién subió fuertemente luego de la nacionalización de YPF, cuando el gobierno estableció un plan de estímulo a la producción con un precio de referencia de u$s 7,5/MMBTU. El principal beneficiario de este plan fue YPF, que solamente entre 2013 y 2015 aumentó su producción en un 25%. Hoy el precio promedio que reciben los productores está en 4,7/MMBTU.

Desde la nacionalización parcial de YPF en 2012, el Estado tiene un doble papel, como accionista principal de la empresa y como formador de precios del sector. Esto puede traer serios conflictos de intereses. YPF tiene accionistas privados y, a su vez, está asociada en emprendimientos de gas convencional y no convencional con sus competidores (Total, PAE, Shell y otras). Es decir que lo que es beneficioso para YPF, que tiene una posición dominante en el mercado, también puede serlo para el resto de la industria, que está asociada con la empresa líder.

La cuestión es si el Estado priorizará una YPF fuerte -y su política en Vaca Muerta- a expensas de los intereses de los consumidores. Con precios internacionales de gas natural en torno a u$s 2,5/MMBTU en Estados Unidos (cuna de la producción del gas no convencional) o de u$s 3,5/MMBTU al cual Argentina le compra a Bolivia, el gobierno promueve un precio de u$s 6,8/MMBTU basado en el precio del GNL importado, al que se llegaría en forma gradual en 2019. A ese precio llega luego de "establecer cuál sería el valor de referencia en un hipotético mercado desregulado." Sin embargo para el análisis omite algo fundamental, como es estudiar la estructura del mercado, el rol de YPF, la concentración de la oferta, y su propio rol como formador de precios.

Dado que el Estado nacional es el encargado de definir el precio mayorista de gas, el organismo que evalúe la tarifa del gas debería ser lo más independiente posible a los intereses de la industria. En este sentido, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia está capacitada para así hacerlo y cumplir con los objetivos del artículo 42 de la Constitución Nacional de proveer a la "defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados".