Lunes  11 de Noviembre de 2019

Conductas cotidianas y su relación con el lavado del dinero

Conductas cotidianas y su relación con el lavado del dinero

Por EMILIO CORNEJO COSTAS y AMIRA NAVES

asociado de Penal Tributario de Lisicki Litvin & Asoc y abogada de Derecho Penal Económico de Lisicki Litvin & Asoc, respectivamente.

Antes que nada, hay que señalar que no toda tenencia de dinero, cuyo origen no es posible justificar, constituye el delito de lavado de dinero. En efecto, para que se configure es necesario que una persona transfiera, administre, venda o disimule, dinero o bienes que provengan de un ilícito penal. La esencia de este delito gira en torno a introducir en el mercado las ganancias obtenidas a través de una actividad criminal. Así de simple: el que invierte el producto obtenido por la comisión de un delito (comúnmente tráfico de drogas, corrupción, tráfico de armas, etc.), comete otro delito más. Pero, lógicamente, no todo dinero no declarado- o negro- proviene de una actividad criminal.

No obstante, surge la inquietud acerca de si quien le vende un campo, un auto o le presta un servicio -profesional por ejemplo- a una persona cuyos ingresos son generados en actividades ilícitas (comercialización de estupefacientes, corrupción, contrabando, etc.) y luego volcados al mercado legal, puede ser responsabilizado como partícipe del lavador.

Tal inquietud adquiere relevancia porque cada vez más, la práctica judicial principalmente en cuestiones inmobiliarias, es proclive a incluir a todos los intervinientes como presuntos lavadores. Deducen algunos jueces que el conocimiento del vendedor es suficiente para considerarlo un partícipe necesario en la maniobra. Llegando al extremo, en algunos casos, de sostenerse que el vendedor es quien tenía el deber de conocer o averiguar la procedencia del dinero que va a recibir por la venta.

Se trata entonces de saber cuándo un favorecimiento al lavado de dinero de otro conlleva responsabilidad para quien vende un bien o presta un servicio. Es decir, la pregunta que nos formulamos es ¿hasta qué punto puede exigirse a un ciudadano que conozca o averigüe el origen de los fondos de la parte compradora? Todo lo antedicho excluye, como ya es sabido, a los sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la ley 25.246, de lavado de activos de origen delictivo, que sí tienen obligación de averiguar el origen y reportar operaciones sospechosas ante la UIF –tal como los escribanos, contadores, bancos, casinos, y otros-.

La doctrina jurídica las denomina “conductas neutrales”, que se definen como aquellas  conductas que, consideradas aisladamente no lesionan el ordenamiento jurídico -vender una casa-  pero que pueden llegar a favorecer al autor del delito. Son acciones cotidianas, en las que no anida un sentimiento delictivo ni la ayuda a un delito ajeno, sin perjuicio de que en ciertas ocasiones pueden terminar favoreciendo un ilícito penal.

Hay que partir de la siguiente premisa: “no todo es asunto de todos”. No es posible, ni viable que cada ciudadano ande preguntando o investigando en cada interacción comercial qué uso le va a dar al bien que adquiere o cuál es el origen que tiene el dinero con que va a adquirir un bien. Es que si cada cual tiene que estar pendiente de la conducta de los demás, la vida en sociedad prácticamente quedaría paralizada. Y en ese orden, todos tenemos el derecho de confiar razonablemente en los demás. En una sociedad comunicativa como en la que vivimos, uno debiera poder actuar con la expectativa de que el otro también actuará conforme a derecho y no convertirnos en investigadores de los demás a riesgo de ser imputados luego como partícipes de la maniobra de otros. Por ende uno debería poder acomodar su accionar con la seguridad de que el otro va a cumplir adecuadamente con su rol particular.

A modo de ejemplo, quién vende un cuchillo no tiene por qué averiguar qué uso le dará el comprador, aunque luego lo utilice para matar. En lo que respecta al lavado de dinero, quién vende una casa, un campo o presta un servicio profesional, no tiene por qué averiguar el origen del dinero con el que le van a pagar (descartando, como ya se dijo, a los sujetos obligados). Pues cuando un particular vende un bien, por más costoso que sea, no tiene ninguna obligación legal de averiguar o preguntarle al adquirente sobre la procedencia u origen del dinero con que va a abonar la operación o el servicio; aunque luego resulte que el comprador lo adquirió con dinero de procedencia ilegal.

En un Estado Liberal de Derecho no puede imponerse a cualquier ciudadano el deber de prevención del blanqueo, toda vez que no es a quien le corresponde la persecución del delito. De lo contrario, la vida en comunidad sería imposible.

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