Concursos preventivos: las obligaciones negociables como propuesta de pago a los acreedores

La Ley 24.522 de Concursos y Quiebras contempla en el art. 43 la posibilidad de emitir obligaciones negociables y ofrecérselas en pago a los acreedores de un concurso. En caso que se obtengan las conformidades necesarias y una vez homologado judicialmente el acuerdo, la concursada emite los títulos valores y se los entrega a los acreedores. Este título representa el derecho del portador al pago de capital y de intereses de acuerdo a las condiciones de emisión.

Las obligaciones negociables también pueden ser ofrecidas a los acreedores en el marco de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial.

En términos jurídicos, se produce una novación de conformidad con el artículo 933 del Código Civil y Comercial, en tanto se extingue una obligación y se crea una nueva en su reemplazo.

La emisión de obligaciones negociables concursales ofrece ciertas ventajas tanto para los acreedores como para el deudor.

En primer lugar, permite levantar el concurso en forma más rápida. Salvo disposición en contrario, la emisión y puesta a disposición de los acreedores de las obligaciones negociables da por concluido el concurso. En la generalidad de los casos, el proceso concursal finaliza con la homologación del acuerdo por parte del juez, la entrega de los títulos valores y la declaración judicial expresa que lo da por finalizado. Eso permite el cese de las inhibiciones e interdicciones decretadas oportunamente.

Por otro lado, los acreedores pasan a ser tenedores de títulos valores y pueden negociar su venta antes de su vencimiento. La transmisibilidad es una de sus características esenciales de estos títulos y permite una circulación más dinámica y fluida. En otras palabras, para un acreedor es más fácil vender una obligación negociable que vender su derecho de cobro de un acuerdo concursal.

Además, en virtud de la autonomía de estos instrumentos, los tenedores de los mismos podrán promover acción ejecutiva de cobro en caso de incumplimiento. Es decir, el proceso para cobrar intereses o amortizaciones de capital impagas es un proceso expedito y no se pueden oponer excepciones fundadas en las relaciones personales del deudor con el anterior propietario del título o con el primer beneficiario.

Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de obligaciones negociables concursales no hay oferta pública y por ende los títulos no tendrán una cotización bursátil. Por lo tanto, no serán necesarias las autorizaciones ante la Comisión Nacional de Valores ni el cumplimiento del régimen de información periódica que exigen las normas del referido organismo.

Por otro lado, en cuanto a los requisitos que prevé la Ley 23.576 de Obligaciones Negociables, hay que destacar que este tipo de instrumentos pueden ser emitidos únicamente por las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, las cooperativas y las asociaciones civiles constituidas en el país, y las sucursales de sociedades por acciones constituidas en el extranjero.

La decisión de emitirlas debe hacerse por Asamblea Ordinaria o por el Directorio cuando el estatuto social expresamente prevea esa facultad para el órgano de administración. Cuando las obligaciones negociables sean convertibles en acciones, la decisión deberá adoptarse en Asamblea Extraordinaria.

En otro orden, la Ley de Obligaciones Negociables establece que, en los casos de emisión para colocar en forma privada, se deberá publicar un aviso por un día en el Boletín Oficial de la República Argentina, en el cual deberán incluirse determinados datos sobre la sociedad, sobre la emisión y sus condiciones, régimen de garantías, amortización, entre otros.

En cuanto a la transmisión de las obligaciones negociables nominativas o escriturales y de los derechos reales que las graven debe notificarse por escrito a la emisora o la entidad que lleve el registro e inscribirse en el libro o cuenta pertinente. Surte efecto contra la emisora y los terceros desde su inscripción.

Finalmente, para obtener la aprobación y homologación judicial, la propuesta a los acreedores debe cumplir con los requisitos previstos en la Ley de  Concursos y Quiebras. Fundamentalmente no puede ser abusiva ni formulada en fraude a la ley. Esto significa que el acuerdo debe respetar los parámetros que fija la legislación, ofrecer un plan de pagos acorde a los ingresos proyectados por la concursada, fijar una tasa de interés beneficiosa, entre otros. En definitiva, deben cumplirse los principios de razonabilidad y buena fe.

En conclusión, la emisión de obligaciones negociables en el marco de un concurso de acreedores, que respete los parámetros mencionados anteriormente, presupone una salida rápida y efectiva en beneficio de todas las partes involucradas.

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