Viernes  05 de Junio de 2020

Cómo el 'nuevo contrato social' de Cristina mutó en un renovado 'vamos por todo' kirchnerista

En mayo de 2019, antes de anunciar su lanzamiento como candidata a vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner habló de la necesidad de crear "un nuevo contrato social". ¿Será el mismo al que refiere el presidente Alberto Fernández por estos días?

Cómo el 'nuevo contrato social' de Cristina mutó en un renovado 'vamos por todo' kirchnerista

La ex presidenta, Cristina Kirchner, presentaba su libro “Sinceramente” en el predio de la Sociedad Rural Argentina, en mayo de 2019. Hasta entonces, no se había pronunciado respecto a su presunta candidatura. Sin embargo, con la excusa de llevar su texto a cada auditorio del país, las recorridas se multiplicaban con encendidos discursos que excedían estrictamente lo concerniente al libro. Cristina ya estaba en campaña. Allí empezaba a hablar de la necesidad de suscribir un nuevo contrato social “con metas cuantificables” que contengan a todos los sectores, empresarios, sindicalistas, trabajadores y beneficiarios de ayuda social, entre otros.

En ese momento, lo ejemplificó de la siguiente manera: “Para que una empresa gane plata, tienen que ganar todos”. ¿Se refería a repartir las utilidades con los trabajadores? ¿O a que el Estado también sea parte de las empresas, tal como lo planteó la diputada camporista Fernanda Vallejos?

En el libro, la actual vicepresidenta habla de un “contrato social de ciudadanía responsable” que impulse el crecimiento económico a partir del desarrollo del mercado interno. Ése contrato “debe tener derechos pero también obligaciones”, aclara. ¿Será el mismo contrato social al que refiere el presidente Alberto Fernández por estos días? A trazo grueso, seguramente sí. Aunque difieran en cómo llevarlo a cabo.

En cuanto a los alcances de la propuesta, lo que es seguro es que están de acuerdo en aquello de robustecer el mercado interno, continuar con la política de sustitución de importaciones, cuidar la industria nacional, y construir un país más igualitario a partir de la redistribución del ingreso. Sin embargo, cuando Cristina hablaba del nuevo contrato social, aún no se había desatado la pandemia que puso en jaque a todo el mundo. La llegada del coronavirus cambió los paradigmas a escala planetaria, en lo político, en lo económico, en lo sanitario y en lo social.

Procurando mantener los pilares del modelo antes descripto, se ha incorporado ante la urgencia una intervención mucho más abarcativa del Estado no sólo desde la perspectiva de la asistencia social. Quizás resulte apresurado vaticinar si la idea es sostenerla más allá de la crisis, como un mecanismo de acumulación de poder.

En el prólogo de “Sinceramente” la autora habla del Partido Judicial que luego explicaría a través del denominado “lawfare” y la persecución judicial. Textualmente, dice que “el poder judicial ha dejado de funcionar como un poder independiente del Estado y se ha convertido en un verdadero partido que interviene en la vida política de la Argentina por fuera de la Ley y de la Constitución, en una suerte de novedoso “terrorismo judicial” que ha suplantado el rol que respecto de los opositores han tenido las dictaduras”.    

Ése epílogo se constituyó como la antesala de la reforma judicial que ahora buscan imponer desde el Poder Ejecutivo con el objetivo de licuar el poder de los jueces que operan en los tribunales de Comodoro Py, aquellos que, según entienden desde el kirchnerismo, motorizaron causas en su contra por presión política de la entonces administración de Mauricio Macri. Aunque son los mismos jueces que apenas asumido el nuevo gobierno beneficiaron con la prisión domiciliaria a Julio De Vido, Roberto Baratta, Amado Boudou y otros ex funcionarios.

Otro ejemplo de intervención política citado por Cristina en tiempos de Cambiemos es el de Laura Alonso en la Oficina Anticorrupción. La designación de una funcionaria del riñón de ese espacio en el órgano dedicado a investigar y controlar el accionar del Estado resultó escandalosa. Tan escandalosa como su reemplazo al frente del organismo, a cargo del fiscal Félix Crous, miembro fundador de la agrupación kirchnerista “Justicia Legítima”, quien decidió hace pocos días retirar a la OA como querellante en las causas “Hotesur” y “Los Sauces”, que involucran a la ex presidenta.

Podría interpretarse, entonces, que los alcances del nuevo contrato social del que hablaba Cristina -y del que ahora habla Alberto- son tan amplios como las viejas-renovadas ambiciones del modelo K, que proponían un vehemente “vamos por todo”. Así, el sueño de “Cristina herbívora” duró lo que era esperable, ni más ni menos que el tiempo de la campaña, y apenas un ratito de la tregua ante la crisis. Lo mismo que duró el liderazgo prestado de Alberto.

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