Castillo de naipes

A principios de 1983, lanzada la campaña electoral que depositó a Raúl Alfonsín en la Rosada, apareció el diario Epoca. Su nombre era un homenaje a uno de los matutinos del primer peronismo. El aviso televisivo era encantador: un canillita distribuía los ejemplares en bici, mientras silbaba la marchita. La alegría duró poco. El último ejemplar de Epoca salió el 1 de noviembre de ese año, día siguiente a las elecciones, con el título: Fraude informativo. Al ser derrotado el peronismo, perdió el financiamiento y cerró. Unos años después, en 1989, los radicales publicaron el semanario El Ciudadano para fortalecer la campaña de Eduardo Angeloz. Era una revista tabloide, con papel de mucha calidad, y firmas prestigiosas. Duró hasta que se supo del triunfo de Carlos Menem.

Desde que volvió la democracia, muchos proyectos periodísticos nacieron y murieron atados al financiamiento de un sector político. Sin embargo, no existe antecedentes de un derrumbe como el que se está produciendo en los medios creados con dinero del Estado en la década kirchnerista.

En estos días, cientos de familias viven angustiadas por los efectos que este proceso tiene sobre sus vidas: no cobran, son despedidos, empiezan a sufrir cortes de los servicios básicos, a dejar de pagar el alquiler, entre otros perjuicios. En algunos casos -Tiempo Argentino y radio América, por ejemplo- hace meses que los trabajadores no perciben sus salarios. Los medios llegan al público esporádicamente. Los patrones ni siquiera aparecen por el lugar. CN23 pasó de las manos de un empresario kirchnerista a otro, y cerca del 70% de los trabajadores -110 de 160- fueron despedidos. Ya fue anunciado el cierre de la edición impresa del Buenos Aires Herald, comprado por el kirchnerismo, luego de 140 años de existencia continuada y del diario El Patagónico en Comodoro Rivadavia. En medios menos afectados, hay algunas decenas de despedidos y en otros los trabajadores cobran sus salarios en cuotas.

¿Cómo se llegó a este desastre? Las escenas de estos días son el corolario de una historia que lleva ocho años. Tras el célebre conflicto con el sector agropecuario, y la ruptura con el grupo Clarín, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner emprendió una política muy decidida con el objetivo de cambiar el mapa mediático.

Por un lado, por vía de la ley de medios y de muchas denuncias públicas y judiciales, intentó desmembrar a los grupos tradicionales, especialmente a Clarín. Por el otro, buscó facilitar la entrada de nuevos actores al mercado, a los que se favoreció con sumas siderales de publicidad oficial, de escandalosos privilegios impositivos o de negocios extraños al mundo mediático. El intento de desmembrar Clarín fracasó en la Justicia que, en todo caso, era un factor externo al propio Gobierno. La idea de favorecer a un conglomerado de medios propios fue derrotada por sus mismos impulsores, en un proceso que, se verá, combina la locura, el cinismo, y dosis de corrupción enfermizas.

Por detrás de las nobles consignas sobre la democratización de la palabra, la plata empezó a fluir a chorros. Los principales beneficiarios fueron cuatro grupos. El primero de ellos estaba encabezado por Sergio Spolzski, un empresario que llevaba un record comercial, por decirlo de manera educada, muy controvertido y que, rápidamente, saltó desde un periódico universitario gratuito, a ser dueño o socio mayoritario del diario Tiempo Argentino, las radios América, Rock and Pop y Vorterix, el canal CN23, el diario gratuito El Argentino, además de varios semanarios y revistas menos conocidos. Entre los socios figuraba el abogado Darío Richarte, ex número dos de la Side durante la gestión de Fernando de la Rúa, quien a su vez defendía a Amado Boudou y otros funcionarios afectados por denuncias de corrupción. Richarte, hoy, sobrevive al lado del macrista Daniel Angelici en Boca. Todo el grupo tenía vínculos con Jaime Stiusso, cuando era el hombre fuerte de la inteligencia K. Spolski fue candidato del kirchnerismo a intendente de Tigre en las últimas elecciones. Compartió actos de campaña, entre otros, con Martín Sabatella, quien conducía el organismo encargado de auditar a los medios.

El segundo gran actor en este proceso fue Cristóbal López, un empresario que pegó un salto monumental en la década pasada. López es el dueño de la cadena de casinos más poderosa del país, ganó la concesión de pozos petroleros en distintas provincias y, en los últimos años, se transformó en un magnate mediático. Para que ello pudiera ocurrir, el Gobierno anterior forzó a Daniel Hadad a vender el canal de noticias C5N, las radios 10, Pop, Vale, Mega y el imperio se fue extendiendo hacia Ambito Financiero y el Buenos Aires Herald, además de diarios regionales como El Patagónico y la estratégica productora Ideas del Sur, cuya estrella principal es Marcelo Tinelli.

En medio de ese curioso proceso de transferencia de activos, desconocidos ametrallaron el frente vidriado de un local donde se celebraba el cumpleaños de la mujer de Hadad, justo cuando éste negociaba su dinero. El crecimiento de López se extendió a muchas áreas. Por ejemplo, adquirió la metalúrgica Paraná Metal, cuyos 700 obreros perdieron su trabajo. Este fin de semana, López anunció su divorcio de Fabián De Souza, el asesor contable que se transformó en su socio: son conflictos que afloran justo cuando se discute quién pone la plata que antes invertía en sus negocios el resto de la sociedad. Una espectacular investigación del diario La Nación, reveló ayer que a López le perdonaron impuestos por 8000 millones, mientras le pagaba inmuebles en Puerto Madero a Cristina y Máximo Kirchner y le daba trabajo a Romina Mercado, la hija de Alicia.

En esta constelación hubo actores menores. El grupo Electroingeniería, uno de los grandes jugadores en la concesión de obra pública kirchnerista, compró radio del Plata y se extendió hacia la televisión por cable. El otro fue la productora Pensado Para Televisión, que se benefició gracias a los agresivos programas 678, Televisión Registrada y Duro de Domar. Solo en 2015, la Anses derivó una pauta de $ 30 millones hacia el primero de esos shows. Con la tercera parte de eso se podrían pagar todas las indemnizaciones de Tiempo. Sobre el final del kirchnerismo, la productora de Gvirtz fue vendida a López, De Souza & Cia, lo mismo que, en las últimas semanas, la radio Vorterix y el canal CN23.

Nada de esto sirvió para demasiado. Ocho años después, la radio AM del grupo Clarín concentra el 50% de la audiencia gracias, entre otras razones, al aporte de figuras muy populares que fueron desplazadas a medida que desembarcaban los cráneos mediáticos del kirchnerismo. Los actores de este proyecto fueron como el rey Midas, pero exactamente al revés: lo saben los trabajadores del Buenos Aires Herald y de las radios 10, que perdió su liderazgo, América, que agoniza, e Identidad, que fue barrida arbitrariamente del dial.

Este imponente castillo de naipes se construyó gracias a una decisión que se tomó en lo más alto del poder: darle miles de millones de pesos cada año a estos prsonajes. Al bajar la marea de billetes, las ruinas quedan a la vista. Los trabajadores son abandonados a su destino mientras empresarios y funcionarios se retiran a disfrutar de sus millones. Empresas quebradas y empresarios ricos es una fórmula tan argentina como la birome y el dulce de leche. Aquí se repite una vez más, con el agregado de que los protagonistas se definen como nacionales y populares.

En este proceso ha tenido un rol muy activo la conducción de la agrupación La Cámpora. El organismo que se encargaba de repartir la publicidad oficial estaba conducido por Hernán Raibel, uno de los muchachos de Máximo Kirchner. La pareja de Raibel, Desiree Cano, también camporista, es una de las ejecutoras del plan de despidos de CN23, desde el cargo ejecutivo que ocupa en el pool de López, De Souza & Cia. La Cámpora asume rostros extrañamente distintos entre sí según el día y la hora: facilitan la plata del Estado, ocupan cargos directivos en los medios, despiden gente y, como si no pasara nada de eso, algunos de sus diputados concurren a marchas para solidarizarse con los damnificados. Su líder, un diputado de inmensa fortuna, no ha emitido opinión sobre el particular.
 

Mauricio Macri decidió no poner un peso más en este delirio. Eso ocasiona un perjuicio personal sobre trabajadores cuyo único pecado, en su mayor parte, fue aceptar un trabajo. En este área, como en tantas otras, el país corre el serio riesgo de pasar de un esquema que mezclaba procederes mafiosos, con una especie de socialismo que no era tal, hacia un capitalismo salvaje donde los más débiles no son atendidos ni escuchados.

Tal vez, entre el todo y la nada, se deban encontrar variantes, procesos menos crueles. En estos primeros meses, no parece el estilo de la casa.
Hay dudas, mientras tanto, que quedarán para siempre. ¿De verdad todo esto se hizo para combatir a Clarín?

¿En serio creían que con estos protagonistas y mucha plata tendrían mejores resultados? ¿O eran solo negocios: un discurso hipócrita para derivar dinero a un grupo de amigotes? La militancia kirchnerista siempre encuentra subterfugios para no mirar. Fue Schocklender, fue Lázaro Báez, fue Cirigliano, fue Spolzski, fue Gvirtz, fue Stiusso o fue Cristóbal López. A todos ellos les pagaba la misma gente. Pero Cristina (y Máximo) son inocentes. ¿Cómo podían saber ellos todo lo que ocurría?

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