Capitalismo en la era del coronavirus

Durante la Segunda Guerra Mundial y debido a las dificultades en el transporte marítimo para importar mercaderías, Gran Bretaña implantó una política de racionamiento que abarcó alimentos esenciales y no esenciales, como muebles, vestimenta y combustible. El propósito era garantizar que todos pudieran tener una participación justa en lo disponible y evitar que las personas acumularan alimentos. El racionamiento de alimentos finalizó en 1954 cuando se levantaron las restricciones a la venta y compra de carne y tocino.

¡Nueve años después de finalizada la guerra! Otros racionamientos fueron establecidos en Gran Bretaña en el siglo XX, como el de la nafta durante la crisis del canal de Suez a fines de 1956 y parte de 1957 y nuevamente en 1973 como resultado de la crisis petrolera de aquella época.

No se podría considerar a Gran Bretaña como un país que históricamente ha restringido las libertades individuales de sus ciudadanos, aunque tampoco resultaría extemporáneo que un país típicamente capitalista pueda utilizar instrumentos como los citados en casos de situaciones de economía de guerra o de extrema disrupción.

Hoy el mundo, incluido nuestro país, se enfrenta a situaciones que pueden ser tipificadas como de extrema disrupción a la luz de la presente crisis provocada por la pandemia del Covid-19. Y en ese sentido lo que estamos atravesando puede ser considerado como un escenario de guerra, no convencional, pero como un evento que pone en peligro las bases sociales y económicas del país. Y que por otro lado nos encuentra en lo económico, en condiciones de debilidad estructural, sobre lo cual sería ocioso referir.

La lucha debe darse desde varios frentes, sobre los cuales el sistema institucional se encuentra trabajando y así distintas baterías de medidas han sido puestas en práctica.

Desde lo económico, nos encontramos, como en el resto del mundo en un escenario de "economía de guerra". Por lo tanto, para aquellos que sostenemos que la mejor política para un escenario "normal" es el capitalismo basado en la libertad económica, cuando los gobiernos recurren a políticas acordes a un escenario de extrema disrupción, no deberíamos arremeter contra ellas.

Todo ello inmerso en el concepto de un Estado que, en circunstancias como la que estamos enfrentando, encara una auténtica función moral, plasmada en la razón práctica, mediante acciones de orden jurídico y político. En este caso el ejercer este rol para la protección de la sociedad en su conjunto.

El capitalismo es el uso de la riqueza para crear más riqueza, y que incluye tanto el capitalismo de libre mercado como el hoy aceptado capitalismo con alta injerencia estatal. En un sistema capitalista, la mayoría de los medios de producción (trabajo, tierra y capital) son de propiedad privada, así como el comercio y el financiamiento. Bajo el capitalismo, las personas y los entes de propiedad privada toman la mayoría de las decisiones sobre qué comprar y cuánto pagar, qué vender y cuánto cobrar, cuánto ahorrar y dónde invertir.

Colectivamente, estas decisiones crean y mantienen "los mercados"; éstos funcionan en un marco de competencia entre los distintos actores y se acepta como tarea del estado generar las regulaciones necesarias para que los mercados funcionen bajo esta regla. Cualquier economía, como se ha sostenido reiteradamente en esta columna, que se considere capitalista respeta el derecho de propiedad y el cumplimiento de los contratos, genera una macroeconomía sana y las libertades individuales bajo el imperio de la ley.

Pero aún dentro de este marco, en situaciones donde la amenaza es la salud pública y su posterior impacto económico negativo, no parecen extemporáneas las limitaciones al derecho de propiedad como el cierre de cines, teatros, museos, restaurantes, limitaciones de otorgar alojamiento a hoteles, o inclusive a los derechos individuales como las limitaciones a la circulación de personas impuestas por el DNU que estableció la cuarentena obligatoria que estamos atravesando.

En escenarios de disrupción extrema, es el Estado, con base en la conceptualización expuesta más arriba, el que debe ejercer una injerencia mayor. Como en Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial.

Aun para los que ponderamos el capitalismo liberal deberemos, considerar repudiables potenciales acciones que puedan ser llevadas a cabo por agentes económicos que podrían aprovechar la coyuntura actual para aumentar los precios por la situación de necesidad, que podrían recurrir a mecanismos de cartelización o retacear la oferta de productos esenciales, fundamentalmente en el sistema de provisión de alimentos, medicamentos, insumos médicos u otros bienes de necesidad primordial. Es tarea del Estado en la presente circunstancia recurrir a todas las medidas permitidas por el marco legal, incluyendo el establecimiento de precios máximos para los artículos de primera necesidad, vigilancia al retaceo de la producción y cartelizaciones.

Debemos confiar en estas circunstancias en la buena fe de nuestro sistema empresario y que sean parte de la solución y no parte de problemas adicionales a aquellos que ya tenemos.

Los países desarrollados han recurrido a aceitar los mecanismos para que no se corten las cadenas logísticas y de producción, la cadena de pagos, demanda y financiación mediante instrumentos de reducciones de tasas o compra de deuda de compañías a las entidades financieras, así como ayudar directamente a la gente y empresas afectadas real o potencialmente por la pandemia, mediante reducciones o facilidades de pago en impuestos o reducciones de la carga de impuestos al trabajo.

En nuestro país se anunció un paquete de medidas "contracíclicas" para moderar el impacto del Covid-19 sobre la economía. Las medidas conforman un paquete de aproximadamente $ 700.000 millones, equivalentes a un 2% del PBI que apunta en la dirección correcta de intentar evitar males mayores fundamentalmente en los sectores más afectados.

El Gobierno no está haciendo algo muy distinto de lo que hacen en el resto del mundo. Aunque dada la vulnerabilidad de nuestra economía los efectos futuros colaterales en el plano fiscal y monetario probablemente sean más distorsionantes para los futuros "fundamentals" de la economía. Todo hace prever un aumento del gasto público a través de una mayor emisión monetaria. Sin embargo, superada esta coyuntura, deberá re-enfocarse en el resultado fiscal, su potencial impacto inflacionario y la sostenibilidad de la deuda. No debemos olvidar que, más allá de las circunstancias actuales, nuestro problema histórico es la existencia de recurrentes e insostenibles déficits fiscales.

Pero primero hay que combatir el incendio con todas las medidas que sean constitucional y racionalmente posibles. La inflación será un problema futuro que tengamos que resolver con un plan de estabilización.

Y revisar la cantidad y calidad del gasto público y otros factores que hacen a la competitividad del país. Lo que manda en esta hora es primordial: el conjunto.

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