Bombones envenenados del kirchnerismo a la Justicia

El kirchnerismo gobierna ininterrumpidamente en Santa Cruz desde 1987, desde que Néstor Kirchner ganó la intendencia de Río Gallegos y luego la gobernación. Además, estuvieron 12 años en el gobierno nacional y volvieron hace ocho meses.

Su capacidad para mantenerse y recuperarse es notable y quizás supere a la del PRI mexicano si logran entronizar a Máximo Kirchner como presidente en 2023 y luego a su hermana, y a él, y a su hijo y así sucesivamente. No podemos, ni conviene, que lo descartemos.

Solo hay algo que no pueden hacer: impedir que sus trucos, técnicas, estrategias y tácticas no sean descubiertos de inmediato, porque los conocemos y no hay ingenuidad ni relatos y politólogos, periodistas y relatores espléndidamente pagados, que puedan disimularlos.

El sojuzgamiento de la Justicia comenzó allá lejos y hace tiempo, en Santa Cruz, con la instalación de Carlos Zaninni en la Corte y con el procurador Eduardo Sosa en la calle, pese a los fallos a su favor dictados por la Corte Suprema de Justicia.

Siguió con el acoso y juicio político a la Corte en 2003, que se consolidó con su posterior reducción a cinco miembros, presentada a la sociedad como un éxito de lo bueno y de lo justo, cuando no lo fue.

Se reveló en la eyección del ministro de Justicia Gustavo Béliz, por su honesta osadía para mejorar la Justicia Federal y su atrevimiento de rodearse de decentes insospechados, como Pablo Lanusse y José María Campagnoli, por citar dos casos.

Al poco tiempo, ya con CFK en el poder y potenciada por su arrasadora reelección de 2011, el blanco fue el Consejo de la Magistratura, que sufrió monumentales aprietes; la mayoría fracasados.

Eso provocó que la pasión antijudicial del kirchnerismo se corporizara en las disparatadas leyes de "Democratización de la Justicia", perfecto ejemplo de cómo usar dos palabras casi benditas -democratización y justicia- para enmascarar el objetivo real: pulverizar la independencia judicial. Ese intento también fracasó, gracias a algunos fallos que declararon la inconstitucionalidad de la mayoría de su contenido.

Volvieron el 10 de diciembre de 2019, hace 8 meses. En medio de una pandemia de dramáticas consecuencias humanas y graves consecuencias económicas, muy potenciadas en la Argentina hasta niveles que todavía ignoramos, por la cuarentena mas larga del mundo aún vigente, el kirchnerismo decidió que el tema clave es ampliar la Corte, dividirla en salas, fusionar sectores de la justicia federal, crear 23 nuevos juzgados en la Capital Federal, pero no más secretarías y modificar por tercera vez al Consejo de la Magistratura.

¿Quién puede decir que el Poder Judicial funciona bien y eficientemente, si en las estadísticas del Ministerio de Justicia, el 99% de los delitos no tiene sanción efectiva?

¿Quién puede dudar de que la Corte se ha convertido en un tapón donde algunas causas quedan detenidas en el tiempo, como la inconstitucionalidad de la reforma ¡del 2005! del Consejo de la Magistratura?

¿Existe alguien que esté tranquilo con la Justicia que tenemos, o que dude del viejo adagio según el cual "es mejor un mal arreglo que un buen juicio"?

Estos últimos meses vimos frenarse los juicios por corrupción, volver a sus casas a muchos de los principales imputados y hasta algunos condenados y lo peor: el Poder Judicial entró en el limbo de la "feria extraordinaria", decidiendo no solo que el Ejecutivo podía virtualmente cerrarlo, sino que el sacrificio de trabajar en pandemia correspondía a policías, médicos, enfermeras, camioneros, personal de supermercados y productores agropecuarios, pero no a ellos, pese a que cada juez es un Poder del Estado rodeado de garantías y privilegios, que desde hace años tiene una ley que permite los expedientes electrónicos, posee un carísimo sistema informático y hasta dispone de mucha plata: su famoso "fondo anticíclico", verdadera rara avis en la Administración Pública.

Nada de todo eso se puede ocultar ya, porque las tan maldecidas y como bendecidas redes sociales no pueden ser silenciadas. Resumiendo: ¿hay algo mas fácil que aprovechar el inmenso descrédito de la Justicia para proponer su mejora? No. Esa es la caja llena de bombones: ¡propuestas para mejorar la Justicia!

Pero son bombones rellenos con veneno: esta reforma, seductora cuando parece querer cambios que muchos propusimos hasta por escrito, tiene un objetivo tan claro como inocultable: controlar al Poder Judicial.

¿Cómo? Siendo telegráficos, creando juzgados que permitirán jueces subrogantes y luego jueces militantes, categoría inconcebible e ilegal que poco a poco introducen como válida en el inconsciente colectivo; controlando a la Corte, en la que el PJ ha designado o tiene a cuatro de sus actuales cinco miembros y viene por más; trabando hasta el infinito su funcionamiento, modificando las reglas del recurso extraordinario y logrando que el Consejo de la Magistratura se politice por completo, pese a que ya lo está en exceso. Muchas de esas propuestas son inconstitucionales… si algún juez se atreve a decirlo, y rápido.

Si tienen éxito, las tensiones geopolíticas estarán tranquilas: la Argentina, el octavo país más grande del mundo, poco poblado por gente pacífica cada vez más empobrecida y con un potencial inmenso, podrá reemplazar a Cuba y a Venezuela. O sumárseles y subsidiarlas. Depende de nosotros.