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Blanqueo: por qué ahora podría ser distinto

CARLOS CASANOVAS Socio a cargo del Depto de impuestos de EY Argentina

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Han pasado algunos meses desde la promulgación del régimen de Sinceramiento Fiscal Ley 27.260. Hemos escuchado muchas veces la pregunta si en esta oportunidad el riesgo de no adherir puede ser mayor que en el pasado. Se habla del intercambio de información automático respecto de cuentas bancarias, del acuerdo multilateral de cooperación administrativa impulsado por OCDE, si Suiza, Uruguay u otros países intercambiarán o no finalmente información y algo similar respecto de Estados Unidos de América.

Ahora bien, para responder la pregunta planteada debemos entender que no estamos hablando de un proceso aislado que ocurre sólo en Argentina e indagar acerca de las causas que llevan a los Estados a impulsar acciones en la línea mencionada anteriormente y de esta forma, entender el creciente interés por la transparencia y el combate al dinero no declarado.

Indudablemente el terrorismo y el narcotráfico, entre otras graves cuestiones, constituyen razones para impulsar medidas que favorezcan la transparencia, sin embargo, a nuestro juicio hay otras causas muy relevantes: el creciente gasto público y la dificultad de los gobiernos de seguir incrementado sus niveles de endeudamiento. El gasto público se financia con deuda o con impuestos. Si la capacidad de endeudamiento es limitada y el gasto público no se reduce, el resultado es simple: hay que cobrar impuestos y la colaboración entre naciones ayuda a estos fines.

Entre los años 2000 y 2008 se celebraron en el mundo 23 acuerdos de intercambio de información con el modelo OCDE. Luego de la crisis del 2008 y hasta el año 2011 se celebraron más de 400. En estos años se celebra la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia Fiscal donde se establece el estándar automático de intercambio de información. En el Reino Unido se habla del ‘fair share of tax’ o dimensión social o moral de los impuestos. Entre 2013 y 2015 el G20 le encarga a la OCDE el desarrollo de un plan de medidas para evitar el ahuecamiento de la base imponible y el movimiento de utilidades entre países de alta a baja tributación (BEPS).

Como se puede ver todo esto apunta a una solo cosa: reducir la evasión y colaborar entre varios estados para ser más eficientes en el cobro de impuestos.

En resumen, vemos un creciente interés de las autoridades fiscales alrededor del mundo respecto de la necesidad de mayor transparencia; también vemos acciones coordinadas tendientes a limitar la planificación fiscal agresiva así como también el interés de crear conciencia respecto de la responsabilidad social y el correcto pago de los tributos. Todo esto en buena medida se origina en la dificultad de financiar el creciente gasto público.

En este entorno debemos analizar la pregunta del comienzo de este artículo: porque en esta oportunidad debería ser distinto a otras ocasiones o mejor dicho porque en esta oportunidad el riesgo de no adherir podría ser mayor.

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