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¡Bem-vindos - Ni Hao!

El Gobierno celebra que habrá una ‘versión argento’ del G-20 en 2018. Sin duda, la realización de este encuentro que agrupa a los países que generan el 85% del PBI mundial y el 80% del intercambio comercial global es una vidriera de lujo para la gestión de Mauricio Macri. Pero, claro, esto es Argentina y dos años son muchísimo tiempo en términos políticos y económicos. Tal vez por eso, el sector privado está más concentrado en el corto plazo y en dos interrogantes serios sobre el nivel de actividad: Brasil y China.

A sólo tres meses de finalizar este año, la Unión Industrial, la Copal y otras cámaras pymes provinciales piden señales domésticas más claras: por ejemplo, una reforma tributaria que evite la actual superposición de impuestos nacionales, federales y municipales y que saque al país del podio de las nacionales latinoamericanas con mayor presión tributaria. Algunos empresarios que frecuentan el Palacio de Hacienda repiten que en especial la crisis de Brasil aceleró la necesidad de apurar reformas pendientes. "Hay que evitar esa cosa de devaluar y listo porque sino es como cambiar de sastre cuando subís de peso, en lugar de bajar la panza", repiten en esos pasillos amplios donde cada sílaba retumba.

Otros, siempre por lo bajo, coinciden con el duro diagnóstico de Juan Schmid, miembro del nuevo triunvirato que conduce la CGT, "no se ve una sendero de que la cosa no empeore de acá a fin de año". El temor al desempleo es un fenómeno mundial pero aquí se palpa con cercanía. Justamente los 197 millones de desocupados en el mundo, el casi 30% de los jóvenes de todo el globo que no estudian ni trabajan y la baja participación de la mujer en el mercado laboral fueron algunos de los temas centrales en el encuentro de líderes empresariales del B-20, que se realizó en Hangzhou (casi en simultáneo con el encuentro de jefes de Estado) y que clausuró el titular de la Copal y vice de la UIA, Daniel Funes de Rioja.

Respecto de la situación en Brasil, la Argentina enfrenta una curiosa paradoja. Por un lado el impacto económico de ese torbellino político le quita fuerza a la aspiradora brasileña de manufacturas nacionales. Sin embargo, desde la perspectiva política internacional, esa situación contribuyó a que el Gobierno local sume protagonismo. ¿Sin la actual situación brasileña, hubiera sido Argentina sede del G-20 en dos años, luego de Alemania? Queda claro que el futuro encuentro internacional será viento de cola para atraer inversiones que, por ahora, representan solo el 18% del PBI. Es una relación muy por debajo de la que tienen los países asiáticos, como China, donde orilla el 25%. Ese potencial preocupa a muchas empresas locales y también brasileñas. El equipo económico nacional fue rotundo en este sentido. El ministro Alfonso Prat-Gay lo reiteró varias veces: sino invierten los locales ahora lo harán los extranjeros después.

Con este mar de fondo, por primera vez desde hace casi 4 años hoy la Unión Industrial tenderá la mesa para almorzar con la CNI, la poderosa Confederación que agrupa a los dueños de las fábricas brasileñas. Hay varios temas para conversar entre el anfitrión Adrián Kaufmann y el invitado, Robson Braga de Andrade. La crisis política brasileña, la brusca caída de la actividad industrial argentina (más de 7% en julio según los últimos datos oficiales) y China, una preocupación compartida por ambos socios del Mercosur.

Esta vez no sólo se tratará de la eterna preocupación por las importaciones de la segunda economía mundial. Ahora estos empresarios pierden el sueño con el posible reconocimiento, a fin de este año, por parte del gobierno de Mauricio Macri y de Michel Temer de China como economía de mercado. (Todos los indicios van en esa dirección). La nueva condición implicaría, por ejemplo, luz verde para que empresas chinas compitan en obra pública regional. Argentinos y brasileños se pelearon entre sí durante años para ponerle (al otro) un cepo a las fronteras de cada país en obra pública. Hoy, los une el espanto. En los sectores privados saben que tanto Macri como Temer, aunque por razones distintas, necesitan de la obra pública para reactivar la economía y el empleo.

El nuevo malestar tiene antecedentes. A principios de 2015 la ex presidenta Cristina Kirchner se cruzó con la UIA, que había cuestionado el acuerdo con China, por los artículos 5 y 6, que habilitan a que ciudadanos chinos a trabajar aquí cuando una empresa de su país está cargo de alguna obra. Son situaciones que con la nueva gestión no se han clarificado y, en cualquier caso, el argumento se anclaba justamente en que China no está reconocida como economía de mercado ni produce o emplea de acuerdo con las reglas de juego que impone la Organización Mundial de Comercio. Una razón que en sólo tres meses podría hacerse añicos.