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Bajar la edad de punibilidad no dará mayor seguridad

Gustavo Moreno Especialista en Derecho de Familia. Asesor Tutelar ante la Cámara

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El Gobierno nacional impulsa la baja de la edad de punibilidad a 14 años, para dar una respuesta al problema de la inseguridad.

Del último relevamiento Unicef/Sennaf (2015) resulta que casi la totalidad de los 1305 adolescentes privados de su libertad en centros cerrados eran varones, argentinos, mayoritariamente entre 16 y 17 años. Al momento del relevamiento, el 6,3% (82) eran niños menores de 16 años.

El Ministro de Justicia afirmó que el 26% de los delitos eran cometidos por adolescentes menores de 18 años. Para ello tomó las cifras del Sistema Nacional de Información Criminal, que registra solamente ‘denuncias’, en ‘sede policial’, con ‘posible’ autor identificado, sin discriminar adolescentes punibles (16 y 17) de no punibles (menos de 16), y sin la apertura de causa judicial, por lo que no puede tenerse por comprobado fehacientemente el hecho y la autoría.

Las cifras gubernamentales carecen de rigor estadístico para elaborar la política de persecución penal, que además se contradicen con el organismo especializado nacional (Sennaf), cuya titular emitió un comunicado ratificando los compromisos asumidos en el Consejo Federal que reúne a todas las provincias, a la Ciudad de Buenos Aires, y al propio Estado Nacional, respecto de que la edad de punibilidad debe mantenerse en los 16 años.

El Gobierno no ha presentado su anteproyecto de ley. No ha brindado datos estadísticos serios que contradigan los publicados por los órganos administrativos y jurisdiccionales especializados. No ha indicado cuál será el costo para poner en funcionamiento la nueva estructura que impondrá la reforma (recursos humanos y materiales), con nuevos magistrados especializados en todo el país, y la adecuación de los organismos administrativos; y tampoco ha expresado cuál es su propuesta en los casos de hechos cometidos por adolescentes ‘no punibles’, aun cuando se baje la edad de punibilidad a 14 años. ¿Qué hará el sistema cuando un adolescente de 13 años cometa un hecho grave?

La reforma no reducirá la cantidad de delitos cometidos por adolescentes, y menos los índices de la inseguridad. Solamente se modificará la normativa para establecer cambios en el debido proceso del sistema penal juvenil para adolescentes punibles, sin advertirse que se vayan a introducir políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de vida (efectividad de derechos económicos y sociales) del sector social del que proviene la mayoría de los adolescentes (pobres) que comenten delitos.

Es evidente que la propuesta de baja de la edad de punibilidad es una reacción electoral frente a una demanda social creada mediáticamente, y no tendrá incidencia alguna en la solución del problema de inseguridad.

Debe responsabilizarse a los adolescentes infractores que sean punibles, y debe establecerse cuáles serán las medidas para los adolescentes no punibles que comentan delitos graves, pero ello debe efectuarse de manera seria y no como eje de una respuesta a la inseguridad. Nada de ello se vislumbra en los anuncios gubernamentales, destinados a criminalizar a los adoles centes, en lugar dar cumplimiento a las omisiones estatales en materia de derechos económicos y sociales.