Aún queda mucho por hacer en el mundo pyme

Por iniciativa de Argentina, la ONU estableció al 27 de junio como Día Mundial de las Pequeñas y Medianas Empresas, atendiendo a la creciente importancia que las mismas adquieren en las sociedades modernas. Tal es su envergadura, que en el país representan el 99% de las empresas, y generan el 70% del empleo privado formal; lo que equivale a cuatro millones de puestos de trabajo.

 

La Ciudad de Buenos Aires alberga una de cada cuatro Pymes del país, y es el distrito con más Pymes por habitante, con una empresa de este tipo por cada 15 ciudadanos. Posicionadas como una herramienta clave para el progreso social, se erigen como una de las instituciones que más confianza suscitan entre los porteños.

No obstante, las Pymes se enfrentan diariamente a una serie de obstáculos que dificultan su desarrollo: múltiples restricciones impuestas sobre el comercio exterior, presión tributaria sobre el sector formal, permanente suba de costos por la inflación, difícil acceso a la financiación, suba de tarifas y una progresiva baja del consumo.

Atendiendo a las dificultades para exportar, el Gobierno anunció que bonificará los envíos de las próximas 1300 empresas que exporten por primera vez con el programa Exporta Simple. La respuesta a la problemática de la exportación resulta así insuficiente, siendo que las Pymes son más de 850.000. El beneficio se otorgaría sólo al 0.15% del total de las Pymes del país.

Hace ya varios años que el escenario se vislumbra complejo. En julio de 2016, se sancionó la ley 27.264 que implementa un sistema de asistencia e incentivos para el fortalecimiento de las Pymes, tales como el pago del IVA a 90 días, la eliminación de la ganancia mínima presunta a partir de 2017, y deducciones en el impuesto a las ganancias, entre otros. A través de la misma, se incitó a las jurisdicciones locales a adherirse a la norma, comprometiéndose a garantizar la estabilidad fiscal; es decir, no aumentar la carga tributaria total hasta diciembre de 2018.

La adhesión de la CABA a esta ley se concretó recién el pasado 22 de diciembre de 2017, evidenciando una demora significativa si se considera que Chubut, Neuquén y Chaco, entre otras provincias, lo hicieron antes de noviembre de 2016. Como consecuencia, sólo el 30% de las Pymes de la CABA se registraron para obtener los beneficios que otorga la ley, por debajo del promedio registrado a nivel nacional (38%).

Aún queda mucho por hacer en torno a este tipo de empresas y, en ese sentido, el apoyo del Estado es fundamental. Pese a que la adhesión a la "Ley PYME" persiguió una buena intención, la demora supone un inconveniente, ya que el compromiso de la Ciudad de Buenos Aires de garantizar la estabilidad fiscal vence en diciembre de 2018. Si bien fue pensada como un paliativo, no termina por resolver el problema de fondo. Para encontrar una solución efectiva e integral, es necesario realizar un diagnóstico preciso de los requerimientos de las Pymes. En este sentido, cabe preguntarse qué hace el gobierno en torno a los obstáculos que las mismas enfrentan.

Debemos adoptar una visión sistémica, entendiendo que el apoyo a estas instituciones claves de la sociedad redundará en beneficios para todos, ya que favorecerá la existencia de más fuentes de trabajo y en mejores condiciones laborales, y así, mejorará la calidad de vida de toda la comunidad.

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