Asociación Público Privada: una ley necesaria
En la actualidad, nadie duda de la necesidad de realizar nuevas obras y servicios en el área de infraestructura. Alcanza con ver el estado de las rutas, hospitales, puertos, ferrocarriles, etc. Por otra parte, muchas veces se critica el estado de la Infraestructura existente, sin advertir todo lo que falta hacer.
Esta situación perjudica no solo a la población sino también a los sectores de la actividad público-privada que no cuentan con los elementos necesarios para aumentar la capacidad de generación de riqueza y mejorar la calidad de vida de los argentinos. Esto último produciría empleo genuino, actividad económica rentable y beneficios para el Estado, que luego deben volver a la comunidad en obras y prestaciones esenciales como educación, salud, seguridad y vivienda.
Atendiendo a estas cuestiones, se ha elevado al Congreso de la Nación un proyecto de ley de Asociación Público Privada por el cual gran parte de las áreas de infraestructura descriptas pueden ser desarrolladas, diseñadas, construidas, operadas y mantenidas por el sector privado en alianza con el sector público.
Así, el Estado (bajo principios de transparencia, igualdad de tratamiento, contralor y demás reglas que aseguren un adecuado y eficiente manejo de sus recursos) y el sector privado pueden acordar la forma de llevar a cabo el diseño, construcción, operación y mantenimiento de infraestructura, respetando un adecuado equilibrio entre la inversión realizada, el beneficio esperado, el costo pagado y el servicio prestado.
Esta figura no es nueva en el mundo. En la región, países con administraciones de diferente orientación política, como Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia (y Chile bajo la ley de Concesiones y su reglamentación) han incorporado exitosamente esta modalidad asociativa para obras y servicios de infraestructura.
Las agencias gubernamentales de inversión y los organismos de contralor juegan un papel fundamental para el éxito de estos proyectos, pues son quienes por un lado deben atraer a inversores nacionales y extranjeros para que inviertan en esta área y, a su vez, los organismos de control son quienes deben velar para que el Estado obtenga la mejor relación precio-calidad por el servicio que recibe (principio conocido internacionalmente como value for money).
La asociación público privada ya tiene regulación legal en la Argentina pero no ha tenido éxito por diversos motivos. Entre ellos, el escaso ámbito de aplicación para la figura, la falta de un adecuado resguardo jurídico de la inversión y la falta de incentivo para políticas de financiamiento.
Más allá de las mejoras que puedan efectuarse al proyecto de Ley en comentario, las cuales serán debatidas democráticamente en el Congreso, es hora de que la Argentina se inserte en el mundo como lo han hecho la enorme mayoría de los países, utilizando herramientas legales y financieras que han sido probadas exitosamente.