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Argentina 0 Nigeria 1 en inversiones petroleras

Argentina 0 Nigeria 1 en inversiones petroleras

Cuando los representantes de la trader petrolera ingresaron al despacho, el funcionario del gobierno de Ibrahim Babangida estaba de espaldas y los invitó arrimarse y comenzar el diálogo mientras él terminaba de cortarse las uñas de los pies.

El episodio vivido hace años en Lagos quedó en la memoria del actual ejecutivo porteño de una petrolera europea e ilustra la rusticidad de las cruentas dictaduras de Nigeria. Sin embargo, a la hora de desembolsar dólares esas mismas compañías lo hacen con más soltura en territorio africano que en el territorio argentino.

Los modales correctos de Mauricio Macri, su cuna privilegiada y su conocimiento del código de los negocios no son suficientes para inspirar confianza. Para invertir en Argentina, las petroleras parecen animarse si hay subsidios, improbables garantías de que gobiernos futuros no cambiarán ninguna regla, o algún instrumento legal con respaldo en el exterior que asegure cualquier promesa de pago estatal.

La respuesta que dan empresarios y especialistas ante la incógnita de por qué acá son renuentes a hacer lo que ejecutan con más decisión en países con instituciones más precarias como aquel, Angola o Libia, es unívoca: allá se respetan los contratos y acá uno nunca sabe. Otra vez, el reclamo de seguridad jurídica.

El actual secretario de Energía, Javier Iguacel mostró tener cierta inquietud por estas cuestiones en una mesa con ceos de distintas compañías que operan en el mercado local hace un par de semanas en Neuquén. Pero nadie se animó a responder que el modelo de los países africanos les resulta más atractivo porque tienen mayor libertad para disponer de la producción y los contratos celebrados con empresas estatales se honran a pie juntillas, más allá de los avatares de sus mercados internos. Menos que en aquellas latitudes hasta se conforman con una tasa de retorno menor. ¿Qué hay corrupción desembozada?... Poco importa si la renta en buena y segura.

"Rapucel", como empezaron a llamar al funcionario en el mundillo, tampoco encontró una respuesta satisfactoria hasta el momento a su idea de que las productoras financien mancomunadamente una planta de licuefacción de gas para poder exportar todo el carburante que sobrará gracias a la producción creciente de Vaca Muerta. El emprendimiento está estimado en 5200 millones de dólares, esfuerzo que algunas empresas consideran exagerado para realizar en un panorama que perciben incierto.

Durante la última cumbre de Davos el ceo global de Total, Patrick Pouyanne, se entrevistó con Macri y Juan José Aranguren para testear de primera mano el escenario local. Cuando el ex ministro fue despedido, el francés le mandó una carta al Presidente pidiendo certezas pero nunca tuvo respuesta. El desaire reforzó su desazón.

El ministro saliente había diseñado un sendero de precios en alza para el gas boca de pozo que terminó desarticulado y el producto hoy se abarató un 45% promedio desde entonces en el mercado mayorista, motivo de una airada queja patronal. El pequeño detalle omitido es que en el medio hubo una enorme devaluación que licuó gran parte de sus costos, empezando por los salarios petroleros. Pero esta siempre es una ventaja relativizada por las compañías del rubro, demasiado cautelosas a la hora de invertir.

Salvo que sea con el aliento de un subsidio como el del generoso Plan Gas diseñado por Kicillof, que hizo repuntar la producción y por el que el Estado tiene una deuda a favor de algunas beneficiadas por 1583 millones de dólares que debe empezar a pagar en enero. O como la subvención para los hidrocarburos no convencionales, por la que la caja pública costea una parte de las millonarias inversiones en Vaca Muerta.

La intervención del Estado suele ser denostada por las empresas, salvo que sea para que acuda en auxilio de su negocio. A instancias de Aranguren, a fin del año pasado se celebró un acuerdo entre productoras y distribuidoras de gas para fijar un precio en dólares al que éstas deben pagar el producto por cierto período. Un pacto violatorio de la ley de Defensa de la Competencia pero que dejó a todos contentos hasta que el dólar saltó de 20 a casi 40. Las distribuidoras, que cobran tarifas en pesos, se niegan a convalidar esa diferencia cambiaria y sus proveedoras no ven ventaja en pedirles la quiebra: habrá que buscar una solución intermedia que aún no apareció.

El Estado también había dispuesto que el precio del gas para las usinas térmicas fuese 5,2 dólares el MBTU, valor arbitrario y generoso que encarece el precio de la electricidad y obliga al Estado a desembolsar más en subsidios. Esa regulación se sustituyó por licitaciones que hicieron competir las oferentes y la semana pasada el precio promedio de las ofertas para el último trimestre bajó a cerca de u$s 3,6 el MBTU.

Quizás una prueba de que la mano estatal en este caso no amparaba la economía de Doña Rosa sino la de los inversores que, aun así, no dejan de despotricar contra la administración de turno y maldecir la incertidumbre argentina.

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