Martes  19 de Noviembre de 2019

Alquileres: una ley esperada

Alquileres: una ley esperada

Desde los Colegios de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires hace años que veníamos reclamando la actualización de la Ley de Alquileres. Las normas vigentes hasta ahora eran fruto de marchas y contramarchas, parches, adendas, modificaciones coyunturales que se convirtieron en permanentes. 

El resultado: un marco regulatorio atravesado por contradicciones, vacíos técnicos y desprolijidades que no solamente perjudicaban a los inquilinos -como se tiende a mostrar- sino también a los intereses de los propietarios y a nosotros, que somos el enlace entre ambos actores de esta actividad que provee de vivienda a cientos de miles de personas que aún no han podido acceder a la suya.

En la búsqueda de ese objetivo, como entidades profesionales colegiadas que representan a miles de pymes inmobiliarias del país, reclamábamos de antemano que la nueva legislación fuese producto de un análisis meticuloso y que su normativa no persiguiese fines electoralistas o buscara el efectismo antes que la solución real de los problemas que aquejan a locatarios, locadores e inmobiliarias.

Finalmente tenemos un proyecto que es fruto de un consenso bastante amplio desde el punto de vista legislativo -compendia los puntos de vista y pareceres considerados por cuatro diputados nacionales de distinto sello político- y es algo que valoramos en una sociedad democrática como la que nosotros reivindicamos. Celebramos entonces el espíritu de esta norma, aun cuando hubiésemos deseado que se analizará un poco más en profundidad.

Justamente, en el eje de nuestras -pocas- objeciones al proyecto de ley en análisis, está el tiempo. Una de las principales modificaciones que propone esta iniciativa es la extensión de plazos de contrato de dos a tres años. Creemos que es demasiado. Estamos hablando de un país donde -no por nuestra responsabilidad y mucho menos para nuestra satisfacción- todavía la inestabilidad económica afecta a la mayor parte de las actividades comerciales y productivas.

El alquiler de propiedades involucra la disposición de un capital que en general ha llevado años de trabajo consolidar a quienes lo tienen, en su mayoría ciudadanos de clase media que han invertido sus ahorros en “ladrillos” para tener una pequeña renta. Atarlos a un plazo de tres años creemos que puede eventualmente desalentar parte de la oferta… Recordemos que en ese plazo recientemente nuestra moneda se depreció más del 300% (diciembre 2015 / principios de 2019) y el de los inmuebles es un negocio objetivamente dolarizado.

Este dato también se vincula directamente a otro que ha sido cíclicamente motivo de polémicas: la definición del valor de la locación. En este aspecto creemos que la fórmula en análisis puede contribuir a neutralizar estas diferencias. El esquema de ajuste a partir de un índice que vincula variación de inflación y de salarios nos parece acertado, pero siempre y cuando se asegure no solamente la disponibilidad de estadísticas confiables, sino también provistas en tiempo y forma. Como vimos, tiempo es dinero…

Por lo demás, desde los colegios de martilleros -al menos, en lo que a nosotros respecta, los de la provincia de Buenos Aires- creemos que no es un mal proyecto de ley. Se dejan en limpio cuestiones que se prestaban para la polémica y los reclamos como la responsabilidad de los arreglos en la vivienda, la responsabilidad del pago de impuestos y expensas extraordinarias; también se agilizan trámites como la renovación de los contratos y su eventual rescisión.

Y celebramos especialmente la incorporación de herramientas como la conformación del “domicilio electrónico”, un canal de comunicación que aliviará la gestión de trámites, consultas y comunicación permanente entre todos los actores involucrados en el alquiler de viviendas. Y redundará en un beneficio extra para los inquilinos que hoy eventualmente deben recurrir a notificaciones costosas para determinados reclamos y ahora lo podrán hacer gratis por esta vía.

(*) Vicepresidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires

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