Alquileres más accesibles

El número de inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires es una tendencia creciente Desde el año 2005 al 2015 se incrementó de un 27,6% a 35,2% la cantidad de inquilinos y, según datos oficiales, 1 de cada 2 familias alquilan actualmente en Buenos Aires.

Por ese motivo, la modificación a la Ley de alquileres que desde esta semana rige en la Ciudad, dónde a partir de ahora son los propietarios quienes pagan la comisión de los contratos de alquiler y las inmobiliarias ya no cobran por los gastos de gestoría ni de administración, apunta a que los alquileres sean más accesibles para las familias porteñas.

No es una ley que perjudique a un sector económico o social sino que busca fortalecer la política de acceso a la vivienda para los ciudadanos. Por otra parte, esta es una prioridad que lleva adelante tanto el Gobierno de la Ciudad de Horacio Rodríguez Larreta como el Gobierno Nacional de Mauricio Macri.

La idea es encontrar la forma de garantizar la protección de un derecho fundamental, humano, básico y esencial reconocido constitucionalmente como es el acceso a la vivienda digna.

Y esta necesidad se refuerza cuando analizamos las condiciones actuales del mercado: hasta hace unos días los gastos iniciales para el ingreso locativo a un inmueble con destino de vivienda, eran de un valor que representa como mínimo 3 meses y medio el valor promedio del alquiler mensual de la totalidad del contrato, pudiendo llegar a significar hasta 5 meses. De esa forma, todos los costos del contrato eran trasladados al inquilino y no existían incentivos para que las inmobiliarias compitan por precio, dejando al inquilino incapacitado para negociar el precio de la comisión.

Por lo tanto, teníamos costos de transacción altos en un mercado con demanda creciente, que impactan en el precio y genera una barrera de acceso, en algunos casos infranqueable, para una gran parte de los porteños.

Bajo esta nueva legislación, que entró en vigencia el 20 de septiembre, los propietarios serán los que desde ahora deban pagar la comisión a las inmobiliarias, con la posibilidad de comparar precios y servicios ofrecidos por esas empresas.

Además, como la nueva normativa prohibe también cobrar el costo de gestoría de informes de dominio a inquilinos, el dueño de la propiedad, que es el verdadero interesado en el informe de dominio del inmueble en garantía, podrá elegir entre los servicios de gestoría o su trámite particular.

Es necesario respetar estas nuevas y claras reglas que van a regir el mercado inmobiliario e involucran a más de 400.000 familias de la Ciudad que alquilan casas o departamentos.

Creemos que la vivienda tiene que ser un derecho y no un negocio. Por esa razón asumimos el compromiso, en una segunda etapa, de conformar una mesa de trabajo con todos los sectores involucrados para avanzar en los aspectos que faltan y poder ofrecer nuevas alternativas o sustitución de garantías inmobiliarias que conformen a los propietarios y que permitan a más familias y jóvenes acceder a un alquiler.

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