Alarma en empresas por el copamiento K de la Justicia

De pronto, el establishment político, judicial y económico de la Argentina encendió luces amarillas. Ya no están tan seguros de que las bases del modelo de poder que gobierna la Argentina bajo el mando de Cristina Kirchner vaya a terminar el próximo 10 de diciembre. La supuesta recuperación de la Presidenta en las encuestas y la percepción de que el Gobierno puede dar pelea en octubre si finalmente Daniel Scioli se convierte en el candidato del oficialismo para las presidenciales reanimaron este debate entre los hombres más influyentes del mundo de negocios.


Puede afirmarse que ha dado algún resultado la instalación mediática que intenta el oficialismo en las últimas semanas, augurando una Cristina invencible, capaz de controlar y dominar el futuro gobierno de Scioli; o aun perdiendo las elecciones, con la capacidad de condicionar al futuro Presidente hasta voltearlo para volver al poder lo antes posible. Los mercados tomaron nota: dejó de caer el dólar y las acciones y bonos argentinos perdieron entre 15% y 20% en los últimos 20 días.


Uno de los elementos que más preocupa es el copamiento que se profundiza en áreas del Estado y la Justicia por militantes kirchneristas. El caso de la Cancillería o los nuevos organismos de inteligencia han sido muy publicitados. También se publicó con nombres y apellidos la persecución a funcionarios de carrera que no aceptan las presiones políticas, una experiencia que se amplió a cantidad de reparticiones en estos años tras la intervención violenta del Indec en 2008. No solo persiguen a los funcionarios que no se allanan a las órdenes políticas del Gobierno, sino que se ocupan de presionar a las empresas o instituciones privadas que les dan trabajo una vez que son separados de la función pública.


A nivel de la Justicia, hombres de experiencia en los juzgados advierten que la puesta en marcha del nuevo código de procedimiento penal es el caballo de Troya para el copamiento de la Justicia por parte del kirchnerismo. "Lo que no pudieron con la ley de democratización de la Justicia, lo van a lograr ahora con la implementación del nuevo código de procedimientos penal", dicen los jueces. En principio, el nombramiento de unos 1600 abogados militantes de La Cámpora, Justicia Legítima y otras agrupaciones oficialistas, que pasaran a integrar de por vida la nómina de nuevos jueces, fiscales y jerárquicos del Poder Judicial. Un nuevo Poder Judicial militante. El problema, según relatan magistrados con años de experiencia en Tribunales, es que en estas horas avanza en la Comisión Bicameral del Congreso las leyes para la implementación del nuevo Código ya convertido en Ley, que les da plenos poderes a los fiscales para iniciar, manejar y cerrar causas prácticamente sin intervención de los jueces. Tal como trascendió en las últimas semanas, ese nuevo código se aplicará por ahora en la justicia ordinaria, aparentemente por un acuerdo político entre la justicia federal y el Ejecutivo para dejar a Comodoro Py afuera de esta reforma- Al menos por ahora. El punto es que la Justicia había frenado el nombramiento de una veintena de fiscales militantes para intervenir los juzgados, con el argumento de que el nuevo Código no estaba implementado. Al avanzar ahora en la implementación, aunque no sea para la Justicia Federal, se caerían los amparos en el fuero contencioso administrativo, y la Casa Rosada lograría la colonización de la justicia con los nuevos fiscales militantes. A la vez, las leyes para la implementación del nuevo código de procedimiento consagran súper poderes de por vida al jefe de los fiscales, en este caso para la ultra kirchnerista Alejandra Gils Carbó, que ya adelantó en tribunales que va a resistir en su cargo el cambio de Gobierno. Según explican jueces de distintos fueros, estos súper poderes que se le consagran a Gils Carbó la colocarían en una instancia incluso superior a los ministros de la Corte Suprema. Podrá nombrar y echar fiscales, moverlos de causas según su entender, utilizar fiscales de otras jurisdicciones digitando en que causas intervienen, abrir y cerrar causas judiciales a ciudadanos y empresas sin control de los jueces del proceso.


Para el mundo empresario y financiero, el copamiento K de la Justicia representa una pesadilla de final incierto. Sobre todo por la cantidad de herramientas regulatorias que ha diseñado el Gobierno para perseguir a personas o empresas. No solo la ley de abasteciemiento. Basta recordar que la nueva ley de inteligencia le permite al Estado intervenir en supuestos delitos económicos y financieros, que por otra parte también están incluidos en la nueva ley anti terrorista.


Todos se preguntan qué harán Daniel Scioli, Sergio Massa o Mauricio Macri con esta herencia. Qué volumen de poder político podrán recomponer para enfrentar a un supuesto Estado militante, dentro del Estado. Las teorías abundan. Massa y Macri suponen que el manejo de la caja será suficiente como para contrarrestar esa resistencia. Scioli aparece más misterioso en ese rubro. Quienes lo conocen aseguran que no esperó 20 años para ser Presidente, para luego dejarse manejar por Cristina. Empresarios y banqueros escuchan a los analistas. Preguntan a los encuestadores. Pero de algo están cada vez más convencidos. Antes de arriesgar en serio una moneda, más vales esperar y observar. Son múltiples y muy complejos los cepos que se deberían desarmar con el nuevo Gobierno. No solo el financiero

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