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Actos de soborno, amenaza para contratistas del Estado

Imagen de FERNANDO PEYRETTI

FERNANDO PEYRETTI Líder de Fraudes, Investigación y Disputas en BDO Argentina

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Cuando una empresa constructora intenta hacer negocios con el Estado y desarrollar obra pública por sí misma, en conjunto con otras empresas, a través de UTEs (Uniones Transitorias de Empresas); o bien delegando en subcontratista, resulta crítico entender a qué riesgos se expone. Un claro ejemplo de esto fue el operativo que terminó con la detención del ex secretario de Obras Públicas José López. A partir de ese hecho, muchas compañías comprobaron la necesidad de contar con un Compliance Officer dentro de la alta dirección.

¿Cuáles son las prácticas que debe llevar adelante una empresa para minimizar el impacto de un soborno, en caso de que se materialice? Sin dudas, un programa de Compliance será de vital importancia.

El contexto del mercado argentino, a partir de un desarrollo muy limitado de los "Programas de Compliance" o "de Integridad", y del rol aún inmaduro de los departamentos de Compliance, incluyendo el rol del Compliance Officer, implica un riesgo adicional para las empresas del sector, que no solo tienen capacidades internas insuficientes para dimensionar y ajustar las prácticas de negocios a la complejidad regulatoria a la que están expuestas, sino que interactúan con Organismos Públicos que tampoco han desarrollado la función mencionada. En este contexto el riesgo de soborno está exacerbado, y no sería sorprendente descubrir la existencia otros altos funcionarios involucrados.

El creciente riesgo de soborno al que está expuesta una compañía en el ámbito local, se ve potenciado tanto por el impacto trasnacional de las distintas normas vigentes como por el escaso desarrollo de la función de Compliance.

En la industria de la construcción, por ejemplo, y en especial para las empresas que participan de Obras Públicas, el riesgo de soborno es una de las contingencias más relevantes a ser tenidas en cuenta, con un potencial impacto muy significativo producto de las regulaciones internacionales, que por un lado penalizan el soborno, y a su vez incentivan la realización de denuncias, a través del Programa para Denunciantes regulado por la ley Dodd-Frank, en EEUU; el cual cuenta con una participación destacada de ciudadanos argentinos.

El entramado de normas anti-corrupción continúa tornándose más complejo a partir de que los distintos países continúan adaptando sus marcos normativos, fortaleciendo la lucha contra la corrupción. De esta forma los países con normas anti-corrupción transnacionales vigentes (incluyendo principalmente a EEUU, Reino Unido y Brasil), podrán sancionar mediante multas, y penas de prisión para los directivos involucrados, en caso de existir incumplimientos.

Actualmente, en nuestro país, se debaten en diferentes ámbitos proyectos de ley para los "arrepentidos" o "delatores premiados" en casos de corrupción. De ahí la importancia del compliance en las compañías. En nuestro país existe una Certificación Internacional en Ética y Compliance, que instruye al respecto de este tema y forma responsables de integridad corporativa para ponerlos en marcha y monitorearlos.