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Acerca del proyecto legislativo que modifica la Ley de Ejecución Penal

FRANCISCO MUGNOLO Procurador Penitenciario de la Nación

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Acerca del proyecto legislativo que modifica la Ley de Ejecución Penal

En estos días, el Senado de la Nación se propone tratar un proyecto de modificación de la Ley de Ejecución Penal que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados en noviembre de 2016. Como Procurador Penitenciario me parece importante advertir la ineficacia del proyecto y los graves problemas que su aplicación traería aparejado, no solo desde el punto de vista jurídico sino también desde el punto de vista práctico y de gestión.

Como es de público conocimiento, el proyecto elimina el régimen de progresividad de la ejecución penal para la mayor parte de los condenados estableciendo la imposibilidad para los acusados de determinados delitos -incluso aquellos no violentos como el tráfico de drogas a pequeña escala- del acceso a salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional y libertad asistida.

En este punto, es importante señalar que tales disposiciones van en contra de los estándares constitucionales de resocialización y reinserción social contenidos en la actual ley, los cuales fueron reconocidos por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación; por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por las ‘Reglas Mandela’, que constituyen la normativa de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos a nivel global.

Actualmente, la reinserción social se instrumenta mediante un régimen de progresividad de las penas que tiende a la paulatina reincorporación del condenado a la sociedad. En sentido contrario, el proyecto propone un cumplimiento íntegro de la pena para la mayoría de los condenados, quienes tras un largo período de encierro carcelario serán puestos en libertad en forma abrupta y sin el acompañamiento y supervisión del Patronato de Liberados, previsto en la actualidad para el instituto de la libertad condicional. Habría que pensar seriamente las consecuencias que dicha medida podría traer aparejada.

Por otra parte, entre las consecuencias inmediatas de la reforma, se destaca una situación de emergencia carcelaria incontrolable. Actualmente, el sistema penitenciario federal sobrepasa los 11.260 presos, lo que representa una de las cifras más elevadas de las que se tenga registro, observándose una tendencia de fuerte incremento en el último tiempo. Como hemos señalado públicamente, los focos de sobrepoblación conducen a graves situaciones de vulneración de derechos.

La situación más crítica se presenta en los complejos del Área Metropolitana: El CPF I tiene 2072 alojados aunque el establecimiento cuenta con 1941 cupos. En CPF II hay 1754 alojados en una capacidad declarada de 1637 y el CPF IV de mujeres tiene 529 presas alojadas y una capacidad declarada utilizable de 552, con lo cual su capacidad está al límite.

La eliminación de la progresividad de la pena no hará más que agravar esta situación, lo que multiplicará las sentencias judiciales que declaren ilegítimo el encierro y conducirá a pronunciamientos de tribunales internacionales de Derechos Humanos que pueden generar responsabilidad internacional del Estado.

Consideramos que los problemas que se intentan resolver con reformas como la que nos ocupa, se resuelven con una justicia fortalecida y no fortaleciendo la administración penitenciaria en desmedro del principio de legalidad de la pena. No olvidemos que nuestro Servicio Penitenciario Federal está estructurado como una fuerza de seguridad, regido por una ley orgánica de la última dictadura militar, cuya democratización es una deuda pendiente del Estado argentino. En este sentido, poner el foco en ampliar las facultades de intervención de la administración penitenciaria es un error irreparable. No hará más que sumar opacidad y centralidad.

La creación de los juzgados de ejecución penal ha tenido como fin romper la autonomía administrativa en las cárceles, dando transparencia y garantía de respeto a los derechos fundamentales. La clave no es retroceder en este punto sino fortalecer a la justicia con procesos de ejecución orales, ágiles, que cuenten con equipos interdisciplinarios que den apoyo a las decisiones judiciales.

La Argentina tiene como deuda pendiente la reforma y el control democrático de sus prisiones, lo cual de ninguna forma se puede lograr con una reforma que conducirá a mayores niveles de sobrepoblación carcelaria y violencia, convirtiendo en papel mojado la finalidad de reinserción social de las penas prevista en nuestra Constitución.