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Acepta Macri el pacto social si salarios suben no más de 20 a 25% en 2017

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GUILLERMO KOHAN Periodista

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Se modera la inflación y aparecen síntomas que permiten suponer que también lo peor de la recesión va quedando atrás. Luis Pagani, el titular de la principal alimenticia del país, declaró en el Mini Davos que en agosto y septiembre empezaron a recuperar las ventas. Se suma a proyecciones similares que se observan en la construcción o el sector automotriz. Para el Gobierno, que se reactive de a poco la economía es ahora lo único que importa.

Natural alivio en el equipo económico y el Banco Central ante un clima más optimista entre los técnicos y en el mundo de negocios, y éxito rutilante para el Gobierno con la organización de Foro de Inversiones. En el corto plazo como siempre, con la mirada de las empresas puesta ahora en la evolución futura de los salarios, cómo financiar el déficit fiscal que suma y sigue, y si finalmente el modelo gradual de Mauricio Macri puede llegar en buenas condiciones el año que viene para ganar las elecciones.

Mucho interés se mantiene en la figura de Sergio Massa y la evolución del peronismo, sobre todo para verificar si, como se pronostica, la oposición irá dividida contra Macri en 2017, particularmente en el conurbano bonaerense, el principal distrito que podría amenazar un buen desempeño del oficialismo en las próximas parlamentarias. Con el peronismo partido en dos o tres fracciones, apenas con que la economía se estabilice, y mucho mejor si crece entre 3% y 5% el año que viene como ya hoy advierte la mayoría de los economistas, las chances electorales del Gobierno se fortalecen.

Desde el mundo económico también se observa en estas horas con interés la relación Macri - Massa, no por la economía ni la política, sino por otro capítulo crucial para los inversores: el futuro de la Justicia en la Argentina. Merced a un acuerdo político que desde el Gobierno se informa como muy avanzado con Sergio Massa y figuras clave del peronismo en el Senado, comenzó el camino para definir la suerte de Alejandra Gils Carbó, la jefa de los fiscales y subjefa de la agrupación Justicia Legítima, el bastión con el cual la oposición más dura al Gobierno intenta resistir, combatir y trabar a la administración de Mauricio Macri.

Ya se conformó la comisión bicameral de seguimiento para la nueva ley del ministerio público que, de aprobarse, impone un límite de 5 años y 5 más si hay acuerdo para el cargo del Jefe de los Fiscales. Y no por casualidad se colocó a Graciela Camaño, alter ego político de Massa, al frente de esa comisión. La clave es lograr los votos para aprobar la nueva ley de los fiscales, Un tema crucial para la seguridad jurídica en la Argentina, dado que con los nuevos códigos y las nuevas leyes de procedimiento, en el futuro las instrucciones de los juicios y las investigaciones serán llevadas por los fiscales, y no por los jueces. Los abogados que rodean a Macri lo tranquilizan: le aseguran que en este tema Massa va a cumplir porque tendría una cuestión personal contra Gils Carbó, a quien también adjudica alguna responsabilidad en la trama del asalto que sufrió en su domicilio en la campaña contra Cristina en 2013

Volviendo a la agenda económica, una vez más, la clave pasa por consolidar el freno en la inflación y mantener la recuperación del consumo. Habrá más gasto en obra pública, aumentos en jubilaciones y prestaciones estatales, y mayores ingresos de los trabajadores formales por los aumentos salariales ya pactados en cuotas que van llegando en los próximos meses.

También habrá más déficit. De modo que primero habrá que verificar si, para adelante, efectivamente la inflación se detuvo en forma tan contundente como se observa con los números de agosto. Está clara la tendencia de descenso en la escalada de precios, ya que aún si se hubiera aplicado el aumento de tarifas que frenó la Corte, también la inflación habría mostrado en agosto una caída significativa frente a los valores del segundo trimestre. Pero la inflación núcleo cedió menos, se mantuvo por encima de 1,5%. Ayudó la estacionalidad para moderar el aumento en alimentos. Todo con el dólar y tarifas congeladas

La discusión es interminable, aunque los márgenes en los pronósticos se van achicando. El propio Gobierno admite que la inflación futura estaría entre 1% y 1,5% mensual mirando 2017, contra pronósticos algo más pesimistas pero que tampoco difieren tanto. Hablan de medio punto más, una inflación entre 1,5% y 2% mensual. Lo que nadie arriesga aún es cómo jugará en 2017 el aumento de tarifas. En todo caso, las autoridades prometen ahora que la inflación en 2017 sería entre 18% y 20% mientras la calle calcula 20% a 25%.

Con esos números Gobierno y empresarios quieren sentarse con los sindicatos para moderar los aumentos salariales que vienen. Los gremios que pactaron ajustes por 6 meses del orden de 20% (caso Comercio, entre otros), van a reclamar otro tanto para cubrir la inflación de 2016. Pero les ofrecerán la mitad, con el argumento de que la inflación de los próximos 6 meses será a lo sumo de 10%. Para todo 2017, las autoridades dirán que la pauta salarial es 18% (lo que pusieron en el Presupuesto 2017 para los estatales), y de verdad se intentará pactar entre 23% y 25%, 10 puntos menos que la pauta salarial para este año.

La tan mentada idea del Pacto Social o la Concertación podría ser utilizada por el Gobierno para llevar la puja distributiva hasta esos márgenes. Se afirma que la cuestión está bastante conversada entre el presidente y los líderes gremiales que hoy siguen controlando la CGT: Hugo Moyano y Luis Barrionuevo

El otro capítulo que abre interrogantes para mantener en caja a la inflación es la cuestión fiscal. El equipo económico ya reconoció que no podrá cumplir la meta de reducción de déficit en 2017, aunque insisten en que será financiado con deuda pública, sin emisión extra del Banco Central. Por lo que se informa, el Presupuesto 2017 saldrá como un tubo del Congreso, gracias a que se profundiza el plan ‘cupones para todos’, es decir vía libre a los gobernadores para que puedan seguir colocando bonos en los mercados para financiarse en el año electoral.